Durango, décimo lugar nacional en feminicidios

Durango sufre una descomposición de valores en su núcleo social que está literalmente lacerando a la mujer y aniquilándola; el caso del asesinato de Lupita Rojas es reflejo de graves indicadores sobre la violencia cotidiana que se registra en las familias: Somos el onceavo lugar nacional en la incidencia de delitos de violencia familiar (3 mil 938 casos en 2022); el décimo estado con el nivel más alto de feminicidios en el país; el décimo y onceavo en víctimas mujeres de lesiones dolosas y culposas; el décimo en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual.

Lo anterior, de acuerdo con el informe “Información sobre violencia contra las mujeres; Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911”, del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con información con corte al 30 de septiembre de 2022.

La Alerta de Género emitida por la Secretaría de Gobernación en 2018 para 16 de los 32 municipios de la entidad resultó un fracaso: no sólo no incidió en una reducción de este funesto indicador, sino que se incrementó exponencialmente, por lo que se deja en entredicho al conjunto de las dependencias estatales y municipales que debieron trabajar multidisciplinaria e interinstitucionalmente para afrontar el fenómeno: en dos años la cifra creció un 225% más al pasar de 4 en 2018 a 13 feminicidios en 2020.

En este año, las cifras oficiales vinculadas a la violencia contra la mujer en Durango son desgarradoras, aún cuando no son reflejo fiel de la magnitud de lo que sucede en virtud de que en su gran mayoría los casos no son reportados ni denunciados.

En este año de 2022 los presuntos delitos de feminicidio al 30 de septiembre eran un total de 11, cifra superior a los 10 registrados un año previo y que nos coloca en el lugar número diez entre los estados con más alta incidencia con 1.14 casos por cada 100 mil habitantes, superior a la media nacional de 1.05.

A lo anterior, se suman las 4 presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso así como las 49 de homicidio culposo.

Los registros de presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas arrojan un total de 846 afectadas, que ubican a Durango en el onceavo lugar nacional de más elevada incidencia con 87.8 por cada 100 mil habitantes y una media nacional de 76.5, así como 322 presuntas víctimas de lesiones culposas que a su vez ubican a la entidad en el décimo lugar nacional con una incidencia de 33.43 contra la media nacional de 24.2.

Los presuntos delitos de violencia familiar denunciados en este periodo suman un total de 3 mil 938 en Durango, cifra que ubica a la entidad con la onceava incidencia más alta del país con un índice de 207.3 por cada cien mil habitantes, contra la media nacional que es de 159.

Se han registrado además 237 presuntos delitos de violación, un total de 998 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer así como 73 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual y 153 llamadas de emergencia con incidentes de acoso u hostigamiento sexual que nos ubica en el décimo lugar nacional.

El número de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violación suman un total de 32 y las llamadas relacionadas con incidentes de violencia de pareja alcanza la cifra de mil 199.

Finalmente, las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar suman un total de 14 mil 780 en los primeros nueve meses de 2022.

Una Alerta de Género sin resultados

Han pasado siete años desde que se decretó la primera alerta de violencia de género en México, en el año de 2015.

Desde entonces suman 22 entidades las declaradas con zonas de alta violencia hacia las mujeres; en 11 de ellas los feminicidios, tras declararse la alerta, se han incrementado.

Nuevo León se posiciona como la entidad en la que más se ha elevado la violencia feminicida desde que fue decretada una alerta de violencia de género, ya que pasó de tres víctimas en el 2016, a 67 para el 2020, un alza de 2,133%, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Le sigue Quintana Roo, donde en el 2017 se registraban cuatro casos, sin embargo, para el cierre del año pasado, se contabilizaron 15 mujeres víctimas de feminicidios, es decir, un crecimiento de 275% de los casos.

Y en tercer lugar está Durango, ya que en el 2018, fecha de la declaración de la alerta de género, sumaba cuatro feminicidios, para 2020 la cifra llegó a 13 (225% más).

El caso Durango

La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), emitió en noviembre de 2018 la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los municipios de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Mezquital, Pueblo Nuevo, Poanas, Tamazula, Canatlán, General Simón Bolívar, Mapimí, Nombre de Dios, Rodeo, Tlahualilo, Vicente Guerrero, Santiago Papasquiaro, Guadalupe Victoria, del estado de Durango con la finalidad de implementar las medidas necesarias para cesar la violencia contra las mujeres en esa entidad, atendiendo las condiciones culturales, sociales e institucionales que obstaculizan el libre ejercicio de sus derechos humanos, particularmente, del derecho a una vida libre de violencia y discriminación en razón del género.

El documento de la alerta signaba: “Lo anterior, tomando en consideración el contexto y las circunstancias corroboradas, a través de un minucioso proceso de análisis previo, por parte del Grupo de Trabajo constituido para tal fin, en términos del artículo 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

Y agregaba que dichas medidas son complementarias y no excluyentes, de las propuestas de acciones establecidas en el informe de conclusión derivado del procedimiento de solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Durango, mismas que fueron aceptadas por el titular del Poder Ejecutivo de esa entidad federativa, respecto de las cuales, el Grupo de Trabajo concluyó que la información remitida por el estado no constituye prueba suficiente para determinar que se ha dado un cumplimiento razonable a las mismas, durante el plazo de seis meses previsto en el artículo 38 del Reglamento antes citado.

En consecuencia, el estado de Durango deberá coordinar acciones interinstitucionales de seguridad, prevención y justicia y reparación, que permitan dar continuidad a la estrategia de atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En este sentido, junto con las autoridades de los 16 municipios antes mencionados, deberán asumir, entre otras medidas, las siguientes:

1.- La creación o fortalecimiento de puntos de atención inmediata a mujeres en situación de violencia, de carácter multidisciplinaria en materia de asistencia jurídica, psicológica, salud y el respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes.

2.-La difusión masiva del número de emergencia nacional 911 en los municipios señalados.

3.- El fortalecimiento de las agrupaciones municipales, estatales o mixtas de seguridad pública especializadas en los casos de atención de la violencia contra las mujeres por razones de género, como lo es el Programa Esmeralda.

4.- La creación o fortalecimiento de albergues para mujeres víctimas de violencia sus hijas e hijos en las 4 regiones estatales, garantizando su cobertura y enfoque diferencial y especializado.

5.- El mapeo de los delitos cometidos en contra de mujeres, particularmente, de los feminicidios, homicidio culposo, violencia sexual, trata y desaparición de mujeres y niñas y sus tentativas, particularmente atendiendo la identificación de los factores de infraestructura y movilidad que requieran atención y desarrollar un programa de intervención urbana dirigido a la disminución de los espacios de riesgo.

6.- Emitir el protocolo de atención de la violencia familiar a cargo de la policía de proximidad y el protocolo de primer respondiente en todos los municipios. Este protocolo deberá contener el envío de información al Sistema de Registro de la Información Estadística sobre Violencia Contra las Mujeres en el Estado de Durango, así como contemplar el seguimiento de órdenes de protección.

7.- El diseño e implementación de una estrategia diferenciada para la detección y atención de la violencia sexual y el embarazo en menores de 18 años en cada municipio en coordinación con la estrategia establecida en el programa estatal y la ENAPEA a cargo de la Secretaría de Gobernación.

La realidad contrasta con el diseño de estas medidas. Simple y llanamente no se llevaron a cabo o fueron inoperantes en sus resultados. Así, la responsabilidad de las autoridades es mayúscula ante el escenario que se ha creado en el seno de la sociedad.

Un amplio sector de la comunidad duranguense se siente lastimada, agraviada.

El caso de Lupita Rojas es apenas una expresión de esta descomposición en los valores de respeto a la integridad física y emocional de la mujer y la vulnerabilidad que persiste en contra de este sector que es la mitad de la población.