El alto costo de un sistema electoral

Publicada en la Revista Quórum No.1 Febrero 2012

 

 

A pesar del cambio de partido político en la Presidencia de la República en el año 2000, México sigue siendo el símbolo perfecto de la paradoja. La crisis económica permanente amenaza y golpea a la inmensa mayoría de los mexicanos, mientras que los recursos del erario público se derrochan en mantener un sistema gubernamental y una clase política ostentosa y por supuesto, a campañas políticas que hasta la fecha, sólo han logrado una democracia simulada.

En este año se renovarán la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión (128 senadores y los 500 diputados) y habrá comicios locales en 15 entidades. Como podemos recordar, debido a las grandes irregularidades y falta de credibilidad a las que estuvieron sujetas las pasadas elecciones homólogas del 2006, se aprobó una reforma electoral que intenta regular principalmente, tiempos, gastos, uso de medios de comunicación durante las campañas electorales y que -durante las se avecinan-, pasará por una “prueba de ácido”.

En días pasados la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE aprobó que 328 millones 608,267.50 pesos será el tope de gastos de campaña para los candidatos a la presidencia en el 2012, durante los 90 días que durará la misma. Mientras que en 2006 fue de 651 millones 428,441.67 pesos, durante los casi 5 meses de proselitismo. A esta cantidad se le suman los gastos de precampaña por cada precandidato, que se ha aprobado: máximo 167 millones 260,766.68 pesos.

En cuanto a la renovación del Congreso, el límite de gastos de precampaña para precandidatos a diputados será de 179,033.54 pesos, y para la campaña de hasta 812,680.12 pesos para los candidatos al mismo puesto de elección popular. Los precandidatos a senadores de mayoría relativa tendrán como tope para gastos de precampaña 486,669.15 pesos por fórmula.

Haciendo cuentas someramente, podremos darnos cuenta que durante las semanas de precampaña y campañas electorales del 2012 se gastarán cientos de miles de millones de pesos provenientes del erario público en procesos que dependen más de la mercadotecnia que de la conciencia ciudadana.

A la mayoría de los mexicanos, nos es difícil incluso imaginar dichas cantidades de dinero derrochadas.

Otro punto de gran polémica contenido en la reforma electoral, es la prohibición de la compra de tiempo en radio y televisión de los particulares para hacer proselitismo, dando la facultad al IFE de administrar dichos tiempos para los partidos contendientes así como sancionar a los que emitan propaganda de desprestigio o negativa, la cual hace seis años dominó, provocando un ambiente generalizado de miedo, confusión y desinformación, quitando a los electores la oportunidad de emitir un voto consciente, libre y fundamentado, dando la oportunidad  a que únicamente los potentados del país pudieran pagar costosos spots en radio y televisión para manipular la opinión ciudadana a favor de sus intereses corruptos.

La anterior restricción intentó ser tergiversada por el duopolio televisivo de México (Televisa-TV Azteca) para los que significó una pérdida de ganancias multimillonarias, como una supuesta reforma de censura que atenta contra la libertad de expresión, intentando con ello, una vez más, manipular la opinión pública de manera mezquina a favor de los burdos intereses de los magnates de estos medios de comunicación.

Aludiendo al calendario electoral, las campañas para la presidencia y el congreso se realizarán desde finales de marzo hasta finales de junio. Y en la elección del 1 de julio, podrán votar aproximadamente 80 millones de mexicanos. Durante este periodo, los candidatos a la presidencia deben efectuar dos debates, de acuerdo con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

Está por demostrarse la efectividad de la reforma electoral en pro de una democracia más fidedigna y de procesos electorales más justos y menos insultantes para la economía y el raciocino del electorado. Sin embargo, los números y las continuas denuncias entre los mismos políticos hablan por sí solos y el costo de las campañas sigue siendo muy alto tanto económica como éticamente.

Mientras se le siga dando prioridad a la publicidad y a la imagen de un candidato para ser electo como representante de los intereses ciudadanos, la voluntad popular no será respetada. A mi parecer la regulación que pretende la reforma es un paso hacia adelante, pero sigue siendo el mismo enfoque rancio de lo que es una elección actualmente en México, sólo que durará menos semanas y supuestamente costará menos.

Si preguntamos al grueso de la población su opinión sobre las campañas políticas, la mayoría hace comentarios de hartazgo y molestia, aún sin tener idea de las cifras estrepitosas de sus costos. Estoy segura que si se propusiera eliminar las campañas como las conocemos, es decir, tiradas a la mercadotecnia y se enfocaran totalmente en las propuestas y la información, con una difusión igualitaria para todos los contendientes, la gran mayoría estaríamos de acuerdo.

En este tiempo ya no necesitamos más contaminación visual, auditiva, ambiental y mental con basura electoral. Cualquiera desearía que en vez de ello, por ley hubiera espacios establecidos en los medios electrónicos e impresos para cada candidato, en el cual se expusieran sus propuestas, proyectos y sus trayectorias, así como una declaración de los bienes que poseen. Sin corruptelas como la llamada “Ley Televisa”, los gastos de las campañas podrían casi desaparecer, ya que las televisoras ni radiodifusoras son dueñas del espectro radioeléctrico del territorio mexicano y el Estado debería poder disponer de ciertos tiempos para favorecer a la democracia.

Una propuesta que me parece interesante es la del aspirante presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, quien propuso en días pasados al IFE que sustituya los spots de los candidatos en radio y televisión, por 12 debates temáticos para que éstos expongan sus propuestas.

Hay quienes dicen que los mexicanos no estamos preparados para ir de fondo hacia dinámicas electorales más avanzadas. Sin embargo, al evolucionar las legislaciones en ese sentido, se obligaría al elector a informarse, a tener un criterio más amplio y a analizar las propuestas que los candidatos emitan en igualdad total de circunstancias, sin estar manipulados por los aliados de un sistema corrupto que ha tenido subyugada la voz de la verdadera Nación.

El elevado gasto corriente del gobierno mexicano –que es lo que se gasta para poder “gobernar”- principalmente los sueldos de altos funcionarios como el presidente, magistrados, gobernadores y sus secretarios, diputados, senadores mas sus bonos, prestaciones y otros “derechos” de salud, pensiones o viajes, así como la contratación de personal innecesario y la compra desmedida de objetos o vehículos, pasando por el derroche de toda clase de insumos, llamadas telefónicas y todo lo demás que “paga el gobierno” en las distintas dependencias y en otros órganos de los partidos políticos, son los que demuestra la falsa idea de que  no hay dinero en el país.

Parece increíble, pero a pesar de que observamos que las familias sufren por el dinero para solventar gastos necesarios y hay indigentes y niños trabajando en la calle y casi el 20% de la población dificultosamente come, sí hay dinero, pero se derrocha indiscriminadamente. La mayor parte del erario se gasta en pagar al gobierno y una mínima parte a los resultados y obras del mismo, que son las que podemos apreciar y las que deben de beneficiar a la mayoría.

Pensando en el despilfarro de las campañas electorales como parte de este “gasto corriente”, es difícil no imaginar, con los miles de millones de pesos que se gastarán en poco más de tres meses, cuántas familias comerían por un año entero, cuántas escuelas u hospitales podrían construirse, cuánto apoyo podría darse al campo, a los indígenas, a nuestros ecosistemas, a los pequeños empresarios, al sistema de salud, a la educación, al desarrollo sustentable, etc. Sin embargo, la mayoría de nuestros servidores públicos no tocan el tema, porque no están comprometidos realmente con el bienestar de los ciudadanos a los que deben su puesto.