Durango indignado

¿Quebranto sin responsables y que la ciudadanía pague los 'platos rotos'?

Local24 de octubre de 2022 Jesús Francisco Sánchez

quebranto web

LA SOCIEDAD DE DURANGO está indignada: un quebranto financiero expresado en una deuda pública del orden de los 25 mil millones de pesos —cifra que nos convierte en la segunda deuda per cápita más grande del país, con 13 mil 513 pesos por habitante—, nula acción punitiva en contra de los responsables de este quebranto (los exgobernadores Ismael Hernández Deras, Jorge Herrera Caldera y José Rosas Aispuro Torres), y el nuevo mandatario estatal Esteban Villegas —junto con el alcalde capitalino José Antonio Ochoa— pretende que los ‘platos rotos’ los pague la ciudadanía.

Junto a este marco de referencia de saqueo e impunidad, se encuentra otra expresión más de la clase política gobernante que en estos días se ha convertido en un clamor generalizado: poner fin a los sueldos de agravio e insulto que llegan a superar los 200 mil pesos mensuales (mismos que en este semanario han sido desglosados) y cuyos beneficiarios de esta inmoral acción son el Gobernador y sus altos mandos de dirección, los 19 magistrados del Poder Judicial, los 25 diputados locales, los integrantes de los llamados organismos ‘autónomos’, el Alcalde capitalino y su élite de funcionarios en donde 400 de ellos perciben desde 42 mil hasta 153 mil pesos mensuales, pasando por los regidores e integrantes del Ayuntamiento.

Frente a este escenario, Esteban Villegas ha aseverado:

1. “No vamos a encubrir nadie y tampoco vamos a perseguir a nadie, estamos simplemente revisando, aunque todos los días siguen saliendo nuevas irregularidades”.

2. “Estamos haciendo una reingeniería financiera total”.

3. “Se han homologado los sueldos de todos los secretarios y se han eliminado las compensaciones”.

4. Austeridad: reducción de sueldos en funcionarios de alto nivel, disminución de viáticos, revisión de ‘aviadores’.

Estas acciones se quedarán en el mejor de los casos como paliativos menores o buenas intenciones si no se trasladan a dos puntos concretos:

1º El ejercicio de la acción penal en contra de los funcionarios responsables del quebrando financiero.

2º Una austeridad gubernamental que habrá de concretarse en la ley, en el Presupuesto de Egresos del 2023 con la reducción de los sueldos exorbitantes en los Tres Poderes del Estado con su respectiva eliminación legal de las llamadas ‘compensaciones’ o prestaciones adicionales.

Durango no quiere ‘chivos expiatorios’ en las acciones legales y de las que se ha anunciado que se han liberado tres órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de la pasada administración.

Al exgobernador José Rosas Aispuro Torres sí le ‘tembló la mano’ para proceder contra su antecesor Jorge Herrera Caldera e incumplió con su promesa de que “quien la haya hecho la va a pagar”; sólo hubo ‘chivos expiatorios’ que finalmente quedaron en libertad.

Hoy la gente teme que esta historia de ser ‘tapadera’ de saqueadores se repita con los gobiernos de Esteban Villegas y José Antonio Ochoa; y no sólo eso, sino que también ellos saqueen y endeuden más a la ciudadanía con el aumento y vuelta de viejos impuestos —como la tenencia vehicular—, además de la concesión de nuevos y altos créditos desde sus respectivos ámbitos de gobierno.

En el caso de las medidas de austeridad, éstas tendrán que demostrarse con una reducción de las exorbitantes percepciones de la alta clase política duranguense en el ejercicio público, y de ello Espacio Libre estará pendiente para informar si este propósito se traslada a la ley en los presupuestos de Egresos del Estado y del Municipio para el año 2023, y que en estos momentos se están integrando los respectivos proyectos.

En estas páginas hemos dado cuenta del saqueo ‘legalizado’ a través de estas altas percepciones en donde por ley al menos 80 funcionarios estatales de Durango violan la Constitución y ganan más o casi igual que el Presidente de México (el ‘tope’ constitucional de no más de 150 mil pesos mensuales), 45 de ellos superan dicha percepción, y en donde en conjunto este ‘agujero’ de las finanzas públicas representa en los sueldos de esta ‘casta dorada’ 12.9 millones de pesos por mes, casi 500 mil pesos diarios.

Estos funcionarios son:

1) El Gobernador, con 203 mil 323 pesos mensuales, 36.2% más que lo que percibe el Presidente de México.

2) Los 19 magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJED), con 182 mil 115 pesos mensuales y que al mes son 3 millones 460 mil pesos.

3) Los siete consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), junto con su presidente, tienen autorizados ingresos mensuales por 182 mil 032 pesos y que al mes representan un millón 274 mil 224 pesos.

4) El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa aparece con una suma de 170 mil 640 pesos mensuales entre remuneraciones y prestaciones.

5) Cada uno de los 13 secretarios del gabinete estatal tiene autorizados ingresos de 168 mil 765 pesos; y el coordinador general del Ejecutivo, 156 mil 208 pesos.

6) El Fiscal Especial del Combate a la Corrupción —craso contrasentido— figura con 168 mil pesos mensuales.

7) Hasta el magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores aparece con una percepción superior a la del Presidente de la República, con 156 mil 906 pesos mensuales.

8) Al Auditor Superior del Estado le tienen autorizada una percepción total de 152 mil pesos mensuales.

Y los 35 que por ley ganan casi lo que el Presidente de México son:

1) Los 25 diputados locales, con 147 mil 298 pesos autorizados al mes; y su secretario general, con 145 mil 170 pesos.

2) El Rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), quien por ley tiene autorizada una percepción total de 142 mil 062 pesos mensuales.

3) El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), al que le autorizan una percepción total de 138 mil 600 pesos mensuales.

4) El consejero presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública (IDAIP), con 133 mil 603 pesos mensuales, más 117 mil 704 por mes a cada uno de los dos comisionados propietarios del propio organismo.

5) El titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública tiene asignados legalmente 131 mil 816 pesos mensuales.

6) Finalmente, los tres consejeros del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado (INEVAP) tienen autorizados ingresos por 122 mil 266 pesos mensuales cada uno.

 

El Municipio de Durango, la otra isla de Virreyes

 

EL MUNICIPIO DE DURANGO es parte de esta cleptomanía de la clase política duranguense:

El alcalde capitalino José Antonio Ochoa Rodríguez gana más que el Presidente de México: 153 mil pesos mensuales.

Más de 25 millones de pesos al mes se van a los bolsillos de una abultada élite de 400 altos funcionarios del Municipio y del Ayuntamiento, con ingresos de hasta 127 mil pesos por persona y por cuya vía se pierden 303 millones de pesos al año —la octava parte— del presupuesto municipal.

De los 400 funcionarios y ediles, 17 regidores y un síndico tienen una percepción mensual de 107 mil pesos que le cuesta al erario un millón 926 mil pesos al mes, sin contabilizar los 123 mil pesos mensuales que percibe el Secretario del Ayuntamiento.

Un total de 20 directores de las dependencias municipales tiene ingresos que van desde los 95 mil a los 127 mil pesos mensuales y que le cuestan al erario 2 millones 279 mil pesos por mes.

A esta élite burocrática ‘dorada’ se le suman 106 subdirectores y subjefes con ingresos mensuales de entre los 76 mil y 110 mil pesos.

Y para completar la lista de la jerarquía burocrática municipal, 255 jefes de departamento y jefes administrativos obtienen ingresos mensuales desde los 42 mil a los 127 mil pesos.

Así, Durango emplaza a sus gobernantes a eliminar este derroche salarial de insulto que representa en los hechos una práctica de ‘corrupción legalizada’.

Ya lo veremos en los presupuestos de Egresos 2023 del Estado y del Municipio. De no ser así, estaremos en una línea de continuidad y simulación: más de lo mismo. / ESPACIO LIBRE

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