Corrupción en el gobierno de Ochoa

De los 142.7 millones de pesos con que el Gobierno Municipal de José Antonio Ochoa endeudó en lo ‘oscurito’ en los dos últimos meses de 2022, sin informar a la ciudadanía, ahora es la propiedad inmobiliaria sujeta al cobro del impuesto predial el centro de lo que se observan como escandalosas acciones de corrupción para allegarse de recursos en forma indebida e ilícita en perjuicio de los duranguenses.

En forma discrecional, ilegal, sin sustento, sin un soporte documental o trabajo de campo, funcionarios del Gobierno Municipal en el área de la subdirección de Propiedad Inmobiliaria dependiente de la Dirección Municipal de Finanzas, han alterado los llamados códigos de construcción con la finalidad de realizar cobros superiores al impuesto predial, muy por encima de la actualización anual contemplada por ley.

El cobro del impuesto predial es el principal ingreso propio del Gobierno Municipal de Durango, de ahí a que constituya el centro de acciones irregulares e ilícitas si no se tiene un control efectivo sobre los funcionarios en sus facultades que tienen autorizadas.

Para este año de 2023, la Ley de Ingresos del Municipio de Durango contempla una recaudación del orden de los 377 millones 889 mil pesos del impuesto predial, es decir, 31.2 millones de pesos adicionales a los 346 millones de 2022.

La urgencia por allegarse de recursos financieros le ha llevado a cometer actos de corrupción al gobierno de José Antonio Ochoa: Espacio Libre documentó irregularidades en donde una vivienda bajo el código de construcción 5123 como vivienda de “calidad” es reclasificada sin soporte alguno como vivienda de “lujo” en el apartado 5112 y así incrementar exponencialmente el cobro del predial. Cabe señalar que en el caso referido representa el cobro máximo que se puede aplicar en la tabla del impuesto predial.

Dicha vivienda de “lujo”, se les demostró a los funcionarios municipales, representa múltiples necesidades de rehabilitación y mantenimiento, según se constató en la verificación solicitada. Cabe señalar que el subdirector de Propiedad Inmobiliaria, Alejandro Serrato León, mintió en este caso al aseverar que la actualización se debía a que pasaba de cambiarse un predio clasificado como en malas condiciones a uno considerado como normal, mostrando para ello la pantalla de “Google Maps”. Es decir, “Google Maps” es la herramienta para fundamentar estos atropellos. Nada más falso, ese código estaba como vivienda de “calidad” y la pasaron ilegal e indebidamente a vivienda de “lujo”.

Aquí, cabe la reflexión: ¿Cuántos cambios de manera discrecional, sin sustento alguno, como verdaderos actos de corrupción para allegarse más dinero han realizado estos funcionarios?

Esta urgencia de recursos financieros por parte del gobierno de Ochoa Rodríguez explica los literales asaltos con licencia que ejercen en contra de los ciudadanos en la recaudación municipal: en el Impuesto Predial con estos abusos de cambios indiscriminados y discrecionales de los llamados “valores catastrales” para aplicar aumentos significativos a dicho impuesto. No se diga el caso de los duranguenses que se autoemplean aperturando un negocio familiar y por el que en forma anticonstitucional cobran cada año además del “refrendo” los dictámenes de protección civil, incrementando hasta en un 400% el cobro, es decir, una actitud auténticamente delincuencial por parte de la autoridad.

Estas acciones sin sustento legal alguno, implican actos de corrupción.

Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar). El concepto, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales.

La corrupción, por lo tanto, puede tratarse de una depravación moral o simbólica.

La corrupción puede perpetrarse de distintas maneras: como abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole, como es al caso que nos ocupa.

Y se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima.

Atendiendo estas definiciones básicas, concluimos: el gobierno encabezado por José Antonio Ochoa Rodríguez está cometiendo actos de corrupción en contra de los ciudadanos duranguenses, demostrados en esta reseña.

La interrogante que se abre con el antecedente del endeudamiento de 142.7 millones de pesos y estas acciones ilícitas en la propiedad inmobiliaria: ¿Qué no estarán realizando en el conjunto de la administración municipal?