El tiro de gracia: más deuda

En la opacidad total, sin informar a los duranguenses, el Gobierno Municipal encabezado por José Antonio Ochoa Rodríguez, endeudó más al Municipio de Durango por un monto del orden de los 142 millones 723 mil pesos, en el cierre del año de 2022.

Fueron dos créditos, el primero por 80 millones de pesos, contratado con el Banco Santander el pasado 10 de noviembre con un lapso de tiempo a pagar de 334 días y cuyo destino se refiere para “cubrir insuficiencias de carácter temporal”.

El segundo crédito fue por 62 millones 723 mil pesos, contratado con Banobras el día 29 de diciembre, en el periodo vacacional decembrino, dos días antes de cerrar el año. Este crédito afectará el 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y se refiere el destino para “inversión pública productiva” a pagarse en 925 días, es decir, al término de la administración.

Esta urgencia de recursos financieros explica los literales asaltos con licencia que el Gobierno de Ochoa Rodríguez ejerce en contra de los ciudadanos en la recaudación municipal: en el Impuesto Predial con multitud de abusos de cambios indiscriminados y discrecionales de los llamados “valores catastrales” para aplicar aumentos significativos a dicho impuesto. No se diga el caso de los duranguenses que se autoemplean aperturando un negocio familiar y por el que en forma anticonstitucional cobran cada año además del “refrendo” los dictámenes de protección civil, incrementando hasta en un 400% el cobro, es decir, una actitud auténticamente delincuencial por parte de la autoridad.

Cabe recordar que a la administración de Jorge Salum del Palacio, le fue autorizado por parte del Congreso del Estado un endeudamiento por 80 millones de pesos para el 2022, mismo que presuntamente no se activó ya que no aparece el mismo en el registro obligatorio del Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), establecido como parte del mecanismo del control del endeudamiento de los estados y municipios.

Además, en el “Paquete Económico” anunciado por el alcalde Ochoa Rodríguez, para “reactivar la economía” en 2023 y que representa el eje central de las acciones del gobierno municipal de la capital y que es una traición disfrazada de solución ya que está soportado en endeudar más a los duranguenses, de los 300 millones de pesos contemplados en 2023 para “obras, créditos y seguridad pública”, el 76.6% tendrá su origen en financiamientos con la banca, es decir, 230 millones de pesos.

La Ley de Ingresos 2023 en su artículo 266 se autoriza al Municipio de Durango, por conducto del Presidente Municipal contratar y ejercer empréstitos en los siguientes dos términos: el primero hasta por 80 millones de pesos a corto plazo (sin precisar su destino) y el segundo hasta por 150 millones de pesos a largo plazo que se destinaría al Parque lineal (80 millones de pesos) y a obra pública (70 millones de pesos).

Aquí, en el caso del crédito contratado por 80 millones de pesos ante Santander el 10 de noviembre, la administración de Ochoa podría sustentar que se trata de la línea de financiamiento autorizada a su predecesor para el 2022. De no ser así, si argumenta que corresponde a los 80 millones autorizados para 2023, estaría incurriendo en una flagrante violación al contraer deuda en un periodo de ejercicio fiscal para el que no le fue autorizado.

Además, el monto crediticio que estaría en el limbo de autorización es el de Banobras, por 62 millones 723 mil pesos. De igual forma, si pretenden justificarlo dentro de la autorización del ejercicio 2023, estarían incurriendo en un ilícito al adelantarse en su contratación.

La ausencia absoluta de un programa de gobierno sustentado en el auténtico servicio público ejercido con transparencia, sin lucro, ni medrar del presupuesto para un uso patriomonialista del poder, lleva a esta clase de gobiernos a aplicar como única opción el sobrendeudamiento, mismo que significó un costó financiero en este año de 2022 por el orden de los 115 millones de pesos y que en el 2023 será de 129 millones de pesos, es decir, más de la mitad de lo que se endeudará adicionalmente.

Para este tipo de gobiernos no existe la aplicación de medidas que frenen el derroche, el dispendio, el saqueo y robo legalizado a través de onerosos y escandalosos sueldos como el del propio presidente municipal que es superior al del Presidente de México (de acuerdo con el tabulador salarial 2022, las percepciones del alcalde de Durango capital suman 153 mil pesos mensuales).

De acuerdo con lo publicado por Espacio Libre, más de 25 millones de pesos al mes se van a los bolsillos de una élite abultada de 400 altos funcionarios del Municipio y del Ayuntamiento, con ingresos de hasta 127 mil pesos por persona y por esta vía se llevan 303 millones de pesos al año; es decir, el 12.4% del presupuesto total de egresos del Municipio de Durango, que es de 2 mil 434 millones de pesos para este año de 2022.

Para este 2023, el Ayuntamiento de Durango aprobó en su propuesta de presupuesto de egresos una línea de comportamiento similar a la de sus predecesores: mil 245 millones de pesos del presupuesto se destinarán al rubro de servicios personales -que engloba fundamentalmente la nómina- y que representa un incremento de 61 millones de pesos más que en este año de 2022. Esto implica que no renuncian a sus elevados ingresos personales.

En el Ayuntamiento de Durango no optan por reducir estas escandalosas erogaciones por concepto de servicios personales y en cambio toman la decisión de endeudar más a los duranguenses.

Y, aún sin importar este endeudamiento, los ediles se aprobaron la posibilidad de contratar incluso más deuda: en el artículo 269 de la citada ley se consigna que “el Congreso del Estado, previa solicitud del Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos, según sea el caso, podrá autorizar el ejercicio de montos y conceptos de endeudamientos netos adicionales a los previstos en las Leyes de Ingresos y en la Ley de Egresos para el caso del Estado o en los presupuestos de egresos para el caso de los Municipios, cuando a juicio del propio Congreso se presenten circunstancias que así lo ameriten”.

Durango está quedando así como una isla en el proceso del cambio de paradigma del servicio público, sustentado en que el mismo debe sujetarse a la justa medianía y rescatar la esencia del auténtico espíritu y vocación de servir, no servirse de los encargos públicos, y menos de los recursos que la ciudadanía les entrega en impuestos y en pago de derechos.

A nivel nacional se han emprendido severos ajustes a este tipo de erogaciones en las percepciones de los altos mandos públicos, desde representantes populares como senadores y diputados federales que redujeron sus dietas hasta en un 50% y los propios secretarios de Estado con sueldos hoy de 145 mil pesos, inferiores a los 149 mil que marca la Constitución como tope máximo para el mismo Presidente de la República.

Sumado a ello, los ahorros del Gobierno Federal —por concepto de las políticas de austeridad y acabar con el derroche y dispendio— durante la presente administración rondan los 2 billones de pesos, de acuerdo con información del propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La fórmula es sencilla, es cero corrupción y austeridad para liberar fondos al desarrollo”, ha dicho el Mandatario.

Y ante la permanencia de altos salarios en la administración pública, el propio Presidente de México reconoció que es necesario tomar decisiones por el franco incumplimiento a la legislación, por lo que no descartó presentar una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Austeridad Republicana y, si procede, una nueva reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dejarlo más claro y que no se preste a las interpretaciones que 'a modo' hicieron en el Poder Judicial de manera leguleya los altos servidores públicos, que fueron quienes promovieron amparos para proteger sus onerosos y exorbitantes ingresos.

No está de más traducir y hacerles saber a los gobernantes locales que la Ley de Austeridad se vincula con las leyes General de Responsabilidades Administrativas y la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que de mantener sus derroches e insultantes sueldos tendrían repercusiones legales y responsabilidad en sus personas.

En Durango, es claro que se requiere una revisión a fondo de este monumental saqueo al erario que se lleva a cabo a través de estas sumas desproporcionadas que se lleva la élite política gobernante vía percepciones “legalizadas” y se les ponga freno.