Corrupción criminal, ineptitud e impunidad

Corrupción criminal, ineptitud e impunidad, es la síntesis del brote de meningitis que ha puesto a Durango en el epicentro mundial sanitario y que a la fecha ha cobrado 21 decesos, apenas el íceberg de un alarmante problema que podría incrementar esas cifras exponencialmente en virtud de que se han identificado a mil 482 personas que se sometieron desde mayo pasado a un procedimiento de anestesia aplicado por medio de agujas a la médula espinal, mejor conocida como raquídea.

El hongo microscópico fusarium solani fue identificado como el agente infeccioso que presuntamente ha ocasionado el brote de meningitis, un hongo muy agresivo a pesar del tratamiento y en donde la mortalidad puede superar hasta el 50% de casos. “Es una tragedia, va a pasar a la historia de la medicina”, reveló el doctor Eder Zamarrón, especialista en terapia intensiva en el Hospital MAC Tampico y divulgador científico.

El 1 de noviembre, Armina Monárrez, de 31 años de edad -originaria del municipio de Tepehuanes-, fue la primera paciente de meningitis aséptica que falleció. Ella y su esposo acudieron a la ciudad de Durango al hospital Del Parque para ser atendida en el parto de su cuarto bebé a quien dejó huérfana junto con otros tres niños, uno de cinco años, uno más de 12 y el mayor de 13 años de edad.

El drama, la impotencia, el sufrimiento, el dolor, se multiplican en las familias enlutadas que exigen justicia en este brote de meningitis aséptica que tuvo su origen en la contaminación provocada por manos criminales, que en un afán de lucro no midieron las consecuencias de sus actos.

Aquí se encuentra el punto del hilo de esta madeja criminal. Hay una presunción oficial: anestesia contaminada y el uso de productos farmacéuticos -dispositivos, agujas, catéteres- provocó el brote de meningitis. Hay dos investigaciones en curso, una de carácter epidemiológico-sanitario y la pericial a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, reveló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud a nivel nacional, Hugo López-Gatell Ramírez.

En lo anterior, son múltiples los señalamientos públicos orientados a una red de corrupción en donde anestesia caducada o a punto de caducar de instituciones de salud del sector público llegaron a manos de los hospitales privados involucrados a través de un médico anestesiólogo involucrado en esta operación, Genaro “N”, quien incluso fuera funcionario del sector salud en la administración estatal pasada.

Las familias de las personas fallecidas por este brote identifican con claridad este hecho criminal y exigen justicia. El pasado miércoles 30 de noviembre familiares y amigos de las víctimas marcharon por las calles de Durango con el reclamo a las autoridades de agilizar las investigaciones, deslindar responsabilidades y apoyar a los hijos de los fallecidos.

Poco después de las cinco de la tarde, y vestidos de blanco, los manifestantes iniciaron la protesta, con la idea original de terminar la marcha en la Catedral de Durango, para realizar un homenaje póstumo en honor a los fallecidos. Ya sobre la marcha decidieron encaminarse al Centro de Convenciones Bicentenario, la sede del ejecutivo estatal y mostraban sus reclamos: “No morimos por meningitis, morimos por negligencia” y un grito se repetía entre los manifestantes, “¡Esteban, amigo de los asesinos…!”.

En este grave problema de salud pública, afloran serias irregularidades: el trasiego ilícito de medicamentos del sector público, la ineptitud en la actuación del organismo estatal encargado de la vigilancia sanitaria -la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised)-, con funcionarios responsables nombrados por compadrazgos por parte del ex gobernador José Rosas Aispuro Torres, como es el caso de Joaquín Antonio Gardeazábal Niebla, un abogado sin experiencia alguna en el sector salud y cuyo único mérito fue el ser esposo de la secretaria del Gobernador. Así, la toma de decisiones que a la postre resultaron con consecuencias fatales.

Ya estallado el brote, las acciones iniciales de las autoridades de Salud estatal fueron tibias, se dedicaron primero a “clausurar” solo los quirófanos de los hospitales privados involucrados. El escándalo público y la gravedad no dimensionada en principio los llevaron a aplicar la clausura total. Aquí y en el manejo integral de la crisis, ha salido a relucir la incompetencia de la titular de la Secretaría de Salud en el estado, Irasema Kondo Padilla, cuyo mérito para ocupar esta delicada responsabilidad es ser esposa del diputado federal por el PAN, Juan Carlos Maturino, ex coordinador general de gabinete de José Aispuro Torres. Nombramientos de Secretarías que se entregan sólo por reparto de cuotas dado que el gobernador Esteban Villegas fue ungido como candidato por una alianza entre el PRI y PAN.

Y en el cénit de la crisis, a más de un mes del primer fallecimiento, no hay responsables, prevalece la impunidad, una actuación sin resultados por parte de la Fiscalía General del Estado, responsable de las investigaciones periciales.

Esta grave crisis de salud pública ha confirmado además el señalamiento que amplios sectores de la comunidad duranguense realizan: la ineptitud de un gobernante -Esteban Villegas- que no ha estado a la altura de la responsabilidad a su encargo.