En Durango hasta un alcalde gana más que AMLO

EN EL DURANGO DEL DERROCHE, del dispendio y depredación de los recursos públicos, hasta el alcalde capitalino José Antonio Ochoa Rodríguez gana más que el Presidente de México: 153 mil pesos mensuales.

Y por si fuera poco, más de 25 millones de pesos al mes se van a los bolsillos de una élite abultada de 400 altos funcionarios del Municipio y del Ayuntamiento, con ingresos de hasta 127 mil pesos por persona, en un escenario de pobreza del 37.3% de la población (Coneval 2018) y con un ingreso mensual promedio de su población económicamente activa de apenas 6 mil 490 pesos de acuerdo con el más reciente estudio de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, agosto de 2022), del INEGI.

Es decir, dichos altos funcionarios municipales ganan casi el 2,000% de un duranguense promedio (1,956%, para ser precisos); o, visto desde otra perspectiva, un ciudadano normal percibe apenas el 5.1% de esta ‘casta dorada’ municipal.

Por esta vía, estos 400 funcionarios y ediles se llevan por esta vía 303 millones de pesos al año; es decir, el 12.4% del presupuesto total de egresos del Municipio de Durango, que es de 2 mil 434 millones de pesos para este año de 2022: ¡La octava parte del gasto municipal anual en sueldos únicamente para los altos jefes! De este tamaño es el dispendio de los recursos financieros públicos en este nivel de gobierno, fiel reflejo de lo que persiste en los Tres Poderes públicos de la entidad: el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo.

En una revisión realizada por Espacio Libre al tabulador salarial 2022 del Gobierno Municipal de Durango, se desprenden datos reveladores sobre esta afición insana de medrar entre la burocracia estatal con las finanzas públicas:

De los 400 funcionarios y ediles, 17 regidores y un síndico tienen una percepción mensual de 107 mil pesos que le cuestan al erario un millón 926 mil pesos al mes, sin contabilizar los 123 mil pesos mensuales que percibe el Secretario del Ayuntamiento.

Un total de 20 directores de las dependencias municipales tienen ingresos que van desde los 95 mil a los 127 mil pesos mensuales y que le cuestan al erario 2 millones 279 mil pesos por mes.

A esta élite burocrática dorada se le suman 106 subdirectores y subjefes con ingresos mensuales de entre los 76 mil y 110 mil pesos.

Y para completar la lista de la jerarquía burocrática municipal, 255 jefes de departamento y jefes administrativos obtienen ingresos mensuales desde los 42 mil a los 127 mil pesos.

Durango está en quiebra (con severas condiciones adversas en sus finanzas públicas, no sólo estatales sino en el conjunto de sus municipios, entre ellos el capitalino), dentro de los 14 estados del país con el índice de desarrollo social más bajo, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y con una clase gobernante con percepciones que representan un agravio para su población.

Durango está quedando así como una isla en el proceso del cambio de paradigma del servicio público, sustentado en que el mismo debe sujetarse a la justa medianía y rescatar la esencia del auténtico espíritu y vocación de servir, no servirse de los encargos públicos, y menos de los recursos que la ciudadanía les entrega en impuestos, pago de derechos y multas, muchas de ellas ilícitas, como las levantadas en los retenes viales y en la voracidad de los agentes “mordelones”.

A nivel nacional se han emprendido severos ajustes a este tipo de erogaciones en las percepciones de los altos mandos públicos, desde representantes populares como senadores y diputados federales que redujeron sus dietas hasta en un 50% y los propios secretarios de Estado con sueldos hoy de 145 mil pesos, inferiores a los 149 mil que marca la Constitución como tope máximo para el mismo Presidente de la República.

Sumado a ello, los ahorros del Gobierno Federal —por concepto de las políticas de austeridad y acabar con el derroche y dispendio— durante la presente administración rondan los 2 billones de pesos, de acuerdo con información del propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La fórmula es sencilla, es cero corrupción y austeridad para liberar fondos al desarrollo”, ha dicho el Mandatario.

Y ante la permanencia de altos salarios en la administración pública, el propio Presidente de México reconoció que es necesario tomar decisiones por el franco incumplimiento a la legislación, por lo que no descartó presentar una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Austeridad Republicana y, si procede, una nueva reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dejarlo más claro y que no se preste a las interpretaciones que ‘a modo’ hicieron en el Poder Judicial de manera leguleya los altos servidores públicos, que fueron quienes promovieron amparos para proteger sus onerosos y exorbitantes ingresos.

No está de más traducir y hacerles saber a los gobernantes locales que la Ley de Austeridad se vincula con las leyes General de Responsabilidades Administrativas y la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que de mantener sus derroches e insultantes sueldos tendrían repercusiones legales y responsabilidad en sus personas.

En Durango, es claro que se requiere una revisión a fondo de este monumental saqueo al erario que se lleva a cabo a través de estas sumas desproporcionadas que se lleva la elite política gobernante vía percepciones “legalizadas” y se les ponga freno.

El reto es descomunal porque existe una connivencia y complicidad entre los actores involucrados, beneficiarios directos de este statu quo: los poderes Ejecutivo y Legislativo.

El presente análisis se trata de tan sólo uno de los 39 municipios de la entidad, el más representativo y visible por tratarse del gobierno de la capital del Estado. Es decir, ¿cómo se hallará el resto y los más alejados del escrutinio público? / ESPACIO LIBRE