Villegas, gobernador de Durango, confiesa delito electoral y se burla de Sheinbaum y Morena

El pasado 12 de junio en el poblado El Carrizo del municipio de Hidalgo, en un evento de entrega de suplemento alimenticio para el sector ganadero, el gobernador de Durango reconoció de viva voz, públicamente, su intromisión en el pasado proceso electoral, hecho constitutivo de un delito electoral grave y que de aplicarse la legislación estaría sujeto a proceso de responsabilidades y ameritaría juicio político y destitución del cargo.

La expresión en la que reconoce que “operó” en el proceso electoral quedó grabada en la transmisión en video del evento y se convirtió en escándalo nacional por un adjetivo que acuñó adicional en referencia a la presidenta Claudia Sheinbaum y los gobernadores de Morena: “aquí se la pelan”.

Ante el escándalo nacional, días después, el 4 de julio, la dirigencia estatal de Morena a través de su presidenta Lourdes García Garay, emitió un timorato comunicado oficial en el que jamás se mencionó al gobernador Esteban Villegas Villarreal y sólo se refirió de manera genérica a “actores políticos”. Se condenaron las expresiones pero nunca señaló tácitamente al creador de las mismas, el gobernador.

Con esta conducta que raya en la complicidad -dado el origen priista de la propia dirigencia de Morena-, se pretendió poner fin este grave desliz del gobernador y nunca se planteó actuar legalmente en el fondo y sustancia de los hechos: la demostrada intromisión confesa de Villegas Villarreal en el proceso electoral.

La transcripción textual de los dichos del gobernador prianista es la siguiente:

“…Ya les quiero cobrar a los gobernadores un impuesto por el agua, nomás que no me deja la Presidenta, es que casi todos son de Morena, pero como aquí se la pelan, les voy a cobrar. Ese es otro tema, eso no lo graben.

Pero y luego dijeron, le mandaron al Andy y todo (Andrés Manuel López Beltrán). Al tercer lugar… órale güey, vamos cabrón, aquí si hay patrón, aquí si hay quien opere y no me arrugo, ya no me hablan pero no me arrugo”.

El mandatario se refirió al secretario de Organización nacional de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, quien se vino a Durango capital a encabezar la estrategia electoral de la campaña del candidato morenista a la alcaldía, José Ramón Enríquez Herrera, relegado al tercer lugar en la contienda, por debajo del prianista José Antonio Ochoa y del emecista Francisco Franco.

En esta expresión, el gobernador confiesa que “operó” en la contienda electoral, “aquí si hay patrón, aquí si hay quien opere y no me arrugo, ya no me hablan pero no me arrugo”, hecho que constituye un delito electoral confeso.

Esta declaración pública en la que Villegas reconoció abiertamente haber operado políticamente durante el pasado proceso electoral para favorecer al candidato prianista José Antonio Ochoa, la confesión realizada y difundida ampliamente en redes sociales, encendió las alarmas entre especialistas en derecho electoral y actores políticos, ya que podría constituir violaciones graves a la Constitución, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Durante su intervención, el mandatario expresó textualmente: “….Le mandaron al Andy y todo. Al tercer lugar… órale güey, vamos cabrón, aquí si hay patrón, aquí si hay quien opere y no me arrugo, ya no me hablan pero no me arrugo”. La declaración fue celebrada por simpatizantes presentes, pero ha sido interpretada por analistas como una admisión de uso indebido de recursos públicos y de intervención directa en procesos democráticos, lo cual está expresamente prohibido por el marco legal mexicano y la Constitución.

Violaciones legales posibles

De acuerdo con el artículo 134 constitucional, los servidores públicos están obligados a aplicar con imparcialidad los recursos bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos. Además, el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece penas de hasta nueve años de prisión para quienes, desde un cargo público, utilicen su posición para apoyar o perjudicar a partidos o candidatos.

El gobernador Esteban Villegas no solo incurrió en una falta ética y administrativa: lo que hizo es una posible confesión pública de delito electoral. Hay elementos suficientes para que se abra una carpeta de investigación tanto en la FGR como en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Posibles consecuencias

La intervención de un mandatario estatal en procesos electorales está prohibida también por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que podría derivar en sanciones, procedimientos ante órganos de fiscalización, e incluso en la solicitud de juicio político si se confirma un uso indebido del poder público con fines partidistas.

Por lo anterior es crucial que se investiguen de oficio estas declaraciones, y que se dé vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) para que determine si se configura una conducta delictiva.

Reacciones

Diversas voces en redes sociales calificaron las declaraciones del gobernador como un acto de cinismo y desprecio por el estado de derecho. Mientras tanto, la oposición morenista sigue dormida en sus laureles sin analizar la posibilidad de promover una denuncia formal por violaciones a la imparcialidad electoral.

El gobernador no solo operó: presume que puede hacerlo sin consecuencias. Y eso es lo más grave.

La democracia, una vez más, puesta en entredicho por quienes deberían garantizarla.