Rechaza Congreso de Durango despenalizar aborto

En pleno Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro -que se conmemora desde 1990- el Congreso del Estado de Durango rechazó la despenalización del aborto, con 15 votos en contra del bloque de legisladores del PRIAN, seis a favor y dos abstenciones.

Con ello el parlamento local contraviene a la Suprema Corte de Justicia la Nación quien aprobó el pasado 7 de septiembre considerar inconstitucional la penalización del aborto.

El dictamen presentado ante el pleno por la Comisión de Justicia presidida por el diputado local Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez fue literalmente “hecho con las patas”, como pretendiendo que no se aprobara la despenalización en virtud de que no se le aplicó la temporalidad permitida de interrupción del embarazo como así se dispone en las entidades que se ha despenalizado y que corresponde a que toda mujer puede ejercer su derecho a interrumpir el embarazo, si así lo decide, de forma SEGURA, GRATUITA Y LEGAL dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

LISTA DE LOS DIPUTADOS QUE CRIMINALIZAN LA PRÁCTICA DEL ABORTO

Los 15 diputados que votaron para que se continúe penalizando a la mujer por ejercer su derecho humano al aborto fueron:

Alejandro Mojica Narváez,

Ricardo Pacheco,

Francisco Londres Botello,

Gabriela Hernández López,

Patricia Jiménez,

Ricardo López Pescador,

Joel Corral Alcántar,

Gerardo Galaviz,

Carmen Fernández Padilla,

Sandra Luz Reyes Rodríguez,

Susy Torrecillas,

Fernando Rocha Amaro,

Verónica Pérez Herrera,

Sughey Torres y

Rosa María Triana.

 HISTORIA POR LA DESPENALIZACIÓN EN MÉXICO

En 1997,  se alcanza la legalización del aborto en 21 de las 32 entidades de México sólo en los casos de: embarazo por producto de violación, peligro de muerte de la madre, inseminación artificial no deseada o grave daño a la salud de la mujer.

Diez años después, se aprobaron reformas necesarias a la Ley de Salud y al Código Penal, las cuales permitieron la interrupción de la gestación no mayor a las doce semanas. Fue hasta el 28 de agosto de 2008 que se determinó la constitucionalidad de las reformas que despenalizan la interrupción del embarazo en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) antes de las 12 semanas de gestación.

Posteriormente, en el estado de Oaxaca se logró despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, el 25 de septiembre de 2019; después Hidalgo lo declara inconstitucional para Junio de 2021, y un mes después Veracruz.

El pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia la Nación aprobó considerar inconstitucional el artículo 196 del Código Penal del estado de Coahuila, convirtiéndose en el quinto estado en legalizar el aborto en México.

En la actualidad se ha comprendido en el mundo que la interrupción es un derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. En diferentes países empezaron a despenalizarlo, el primero fue Suecia, a partir de 1910. Sin embargo, hubo un retroceso en Estados Unidos -nación que sentó jurisprudencia con la despenalización total del aborto- con la reciente derogación de ese derecho de las mujeres.

 En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválidos los castigos penales a mujeres y personas gestantes que decidan abortar. Hoy día, la interrupción legal del embarazo (ILE) sólo está permitida en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, cuatro de los 32 estados que componen la República Mexicana.

En ese contexto, el pleno de magistrados aprobó de forma unánime anular artículos del Código Penal de Coahuila que castigaban, hasta con tres años de prisión, el aborto voluntario e impedían al personal de salud ayudar en el procedimiento.

La resolución de la SCJN significa un avance en la lucha por los derechos humanos y en materia judicial sobre el tema. “Ya está prohibido castigar a las mujeres que abortan, ahora hay dos batallas importantes: sacar a las mujeres que están en la cárcel por haber abortado y conseguir que los servicios públicos de salud estén en todas las entidades federativas”, expresó Marta Lamas Encabo, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM.

En entrevista para el programa Prisma Ru de Radio UNAM, la académica señaló que el tema del aborto en los medios de comunicación genera reacciones y abre el debate público para que las mujeres presionen al gobierno para que éste abra clínicas de interrupción legal del embarazo.

En ese sentido, consideró importante que se conozca la experiencia de la Ciudad de México “que lleva 14 años haciendo abortos legales, seguros, gratuitos, donde el 85 por ciento de las mujeres se hacen el aborto con medicamento en su casa y luego regresan a la revisión”.

¿EL ABORTO ES UNA CUESTIÓN DERECHOS HUMANOS?

El acceso al aborto seguro y legal es una cuestión de derechos humanos. Diversas interpretaciones reconocidas del derecho internacional de los derechos humanos consideran que negar a las mujeres, niñas y otras personas embarazadas el acceso al aborto constituye una forma de discriminación y atenta contra una variedad de derechos humanos. Los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas hacen llamados periódicos a los gobiernos para que despenalicen el aborto en todos los casos, y para que, como mínimo, garanticen el acceso al aborto seguro y legal en algunas circunstancias.