Denuncian a Aispuro, en caso de fraude millonario de franquicias

En 2015 se inició un fraude internacional con base en Puebla: Erikc Alejandro Escalona Valladolid empezó a vender franquicias fantasmas pidiendo una inversión mínima de 100 mil pesos, pero no había límite para quien quisiera invertir; así cayeron en esta trampa muchas veces personas jubiladas que perdieron sus ahorros.

Las personas defraudadas alcanzó a mas de 300 duranguenses además de otras de distintos países como Panamá, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, Guatemala y Estados Unidos. Los denunciantes de este monumental fraude, Salvador Esquivel y Jesús Herrera, señalan que lo defraudado alcanza los 25 mil millones de pesos, el equivalente a todo el presupuesto de Durango.

En el caso de Durango se documentaron operaciones ilícitas por 325 millones de pesos.

El fraude se gestó en Puebla con el apadrinamiento del entonces gobernador Rafael Moreno Valle y el apoyo tácito del presidente Felipe Calderón Hinojosa; en Durango contó con el respaldo del gobernador José Rosas Aispuro Torres. Esquivel y Jesús Herrera señalan que el dinero del fraude se destinó a campañas políticas de distintos partidos.

De ahí que las distintas autoridades hayan manipulado las denuncias y retrasado los procesos desde el 2017. El archivo de las denuncias llega a 4 cajas.

Mediante denuncia por parte de las víctimas de Querétaro, se logró la detención de Escalona Valladolid el 2 de octubre del 2018.

Al mismo tiempo el defraudador fue denunciado en Durango, empero se enfrentaron a la lentitud del Ministerio Público Iván Elisaid Botello Castro, por lo que se recurrió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que emitió una recomendación a la Fiscalía para que ejerciera la atracción del imputado.

Y entonces lo trasladaron a Durango.

En 2017 dejaron de pagar los supuestos rendimientos a los defraudados, les ofrecían el 10% por cada 100 mil pesos que depositaran, pero a la hora de firmar el contrato les decían que les iban a pagar el 5%, argumentando que la Bolsa de Valores había caído y por la pandemia no podían pagarles más y después se regularizarían.

Ramón Guzmán Benavente, ex Fiscal de Durango escondió las pruebas que presentaron los denunciantes, que son una auditoria forense, así como dos estados de cuenta donde se da refieren los depósitos y desvíos a las inmobiliarias.

Habiendo conocido el caso como Fiscal General del Estado, luego quedaría como presidente de la Sala Judicial Penal del Tribunal de Justicia a donde atrajo el caso.

Así, el pasado 11 de octubre de 2023 se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Durango en contra de Guzmán Benavente y José Rosas Aispuro Torres en relación a este caso y ahí se asienta que es evidente que el ex gobernador de Durango, al ser el jefe directo de los Fiscales Generales del Estado de Durango, les dio la orden de que no diera a la luz dicha información de los estados de cuenta y ejecutaron actos y omisiones con objeto de que no se esclarecieran los hechos relacionados con este escandaloso fraude orquestado para financiar campañas políticas con el dinero de las víctimas personas en su gran mayoría de la tercera edad que al sufrir esa pérdida les dejaron en total estado de indefensión, toda vez que le hicimos del conocimiento de los hechos y como encargado del Ejecutivo del Estado por lo evidente del tema hizo caso omiso, así como entorpeciendo las investigaciones para esclarecer el caso.

El mega fraude de las franquicias de acuerdo a las investigaciones que realizó Unidos Contra los Fraudes, A.C., hay personajes del ámbito de la política mexicana, diputados, senadores, exgobernadores de los estados donde operaron, ex secretarios de gobierno, por lo cual, tan solo basta en ver todas las personas que aparecen en las actas constituidas de las empresas fantasmas, así como a todas cuentas a donde se desviaba el dinero de las víctimas, para darse cuenta que no se investigó exhaustivamente. Pues en dichos estados de cuenta se desprendían el destino que se le dio al dinero de las víctimas, así como de realizar una investigación exhaustiva para dar con las personas a las que se les realizaron los diversos desvíos de dinero.

Siendo por ello, que Ramón Guzmán Benavente en contubernio con todo su personal subordinado, ejecutó actos e incurrió en omisiones que produjeron un daño a las víctimas, y concedió una ventaja a todos los implicados de los delitos de fraude ejecutados por Alejandro Escalona Valladolid y una red de más de 72 personas, cometiendo condutas delictivas que señala la fracción VII y XXVIII del artículo 369 del Código Penal de Durango. Ya que dicho ocultamiento, trascendió el resultado del fallo y que se esclareciera los hechos. Además, que también se ocasionó con dicho ocultamiento, que se pudiera solicitar por parte de las víctimas, el embargo de las cuentas correspondientes que estaban a nombre de Corporación Internacional de Franquicias Elite Vip S.A. de C.V., provocando un detrimento en los derechos de todas las víctimas, porque cuando se recibió los estados de cuenta, pudo ordenar el embargo de cuentas y solicitado la ayuda de autoridades federales, identificar el destino y embargo de cuentas de las personas morales y físicas en donde se desvió el dinero de las víctimas, por ello, dicha acción y omisión del ahora denunciado, fue totalmente dolosa para que no se conociera por las victimas los estados de cuenta y que no se integraran a las carpetas de investigación.

En el caso, los demandantes presentaron un recurso de apelación interpuesto en la causa penal 1902/2019 y a la que le correspondió conocer como magistrado presidente de la Sala Penal Colegiada “C”  al Ramón Guzmán Benavente, y a pesar de que había sido ministerio público en la investigación de dicho delito, no se excusó de acuerdo al artículo 37 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que cuando fue Fiscal General del Estado de Durango, él había solicitado los estados de cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y precedió a ocultarlos.

Por todo lo antes expuesto, y de acuerdo a todo lo denunciado, los denunciantes solicitan se realicen todos los actos de investigación correspondientes, para establecer que Guzmán Benavente, quien ahora ostenta el nombramiento de Magistrado de la Sala Penal Colegiada “C” del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, la probabilidad de que cometió y participó en la comisión de hechos que la ley señala como delitos por la comisión del delito de violencia institucional previsto y sancionado en el artículo 340 Ter., fracciones I, II, III y IV; así como de delitos en contra la adecuada impartición de justicia y delitos cometidos en el ámbito de la administración de justicia, previstos y sancionados, respectivamente en los artículos 363 fracción I, IX y X, y 369 fracción I, V, VI, VII, XXVIII y XXIX del código penal del Estado de Durango, con la coparticipación en tales hechos ilícitos de los licenciados Ruth Medina Alemán, Daniel Rocha Romo, Iván Eliazib Botello Castro, Gloria Alejandra Galván Román, Meryth Yadira Sandoval Navarrete, Antonio Salas Bujáidar y quienes más resulten responsables, toda vez que el Poder Ejecutivo del Estado de Durango en ese entonces a cargo de José Rosas Aispuro Torres fue el principal responsable y artífice de la obstrucción al acceso a la justicia porque en su momento se le hizo del conocimiento del problema político social, así como de la actuación de los funcionarios públicos encargados de la investigación y procuración de la justicia y “fingió demencia, por lo que también lo responsabilizamos de todos estos hechos ilícitos en agravio de las víctimas y de la sociedad”, señalaron los representantes de Unidos Contra los Fraudes A.C., Salvador Esquivel del Alto en su carácter de presidente, así como Jesús Javier Herrera Sánchez y Oscar Meza Díaz en representación de las víctimas asociadas.