Hasta que la revolución les hizo justicia

El pasado 09 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y en nuestro país se llevó a cabo un acto de justicia y certeza jurídica con los integrantes de los grupos Audam-O´dam (Tepehuanos), Coras, Nahuas (Mexicaneros), y Wixárica (Huicholes), el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto que reconoce, protege, preserva y salvaguarda los lugares y sitios sagrados, así como las rutas de peregrinación de estos grupos indígenas.

Los sitios sagrados y rutas de peregrinación protegidas por el decreto son: Cerro Gordo (San Bernardino de Milpillas, Durango), la Isla del Rey (San Blas, Nayarit), Isla del Alacrán (Chapala, Jalisco), Santa Catarina (Jalisco) y Wirikuta (Real de catorce, San Luis Potosí).

Es importante como sociedad el divulgar este tipo de acciones, pues todos como integrantes del colectivo mexicano tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas a nivel nacional, y parte de esa deuda es el brindar certeza jurídica y acatar las leyes que protegen sus tradiciones. Con la expansión tanto de los desarrollos inmobiliarios y del crimen organizado, diferentes grupos indígenas han perdido parte de sus territorios, tanto los que son utilizados para la siembra y pastoreo, así como los utilizados para llevar a cabo sus ceremonias y rituales.

En nuestro imaginario colectivo tenemos arraigada una imagen equivocada de los pueblos indígenas, la cual consiste en homogeneizar de manera simplista a todas las culturas despojándolas de su identidad y crear una mezcla de folclor sin matices ni contrastes.

Los pueblos indígenas del norte del país han sufrido varios despojos en los últimos años, como muestra podemos ver la situación que viven los Rarámuris (Tarahumaras) con los integrantes del crimen organizado, por eso es de vital importancia que exista una verdadera coordinación entre los tres poderes de gobierno, principalmente del judicial, ya que el despojo de tierras debe ser tratado con la fuerza del Estado para defender a quienes no cuentan con los medios para hacer frente a sus agresores.

Desde que el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se hizo visible ante el mundo, los pueblos indígenas comenzaron a tener relevancia en la vida política del país, pero tras 4 sexenios de gobiernos neoliberales del PRIAN no habían tenido un avance importante en la protección de sus derechos elementales.

Las necesidades siempre estarán presentes, y más en el sector que lleva un rezago de cientos de años en comparación con la media nacional, pero este tipo de acciones como lo es la firma del Decreto del Plan de Justicia que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador ayudan a disminuir la brecha para conseguir un país con justicia y dignidad.

Quien resulte ganador de la encuesta presidencial en septiembre próximo tendrá un gran capital político acumulado por AMLO al interior de los pueblos indígenas tanto en el norte como en el sur del país, y deberá aprovecharlo al máximo, pues por primera vez en la historia del México moderno contarán con infraestructura de alto impacto y políticas públicas que brindan certeza jurídica, en el sur con el Tren Maya, las vías terrestres del Programa Prioritario de Caminos Rurales en el Estado de Oaxaca y el Decreto del Plan de Justicia en el bajío y noreste del país.

Y mientras los chuchos decidieron hacer una pausa con el Frente Amplio Por México por no haber contemplado a Miguel Ángel Mancera ni a Silvano Aureoles como parte de los finalistas, y 9 millones personas de personas dejan la pobreza, nos leemos la siguiente semana, en la que lo más seguro es que haya de chile, de mole y de manteca.