Como en tiempos de Santa Anna, conservadores claman por intervención imperial

Tal como ocurría en tiempos del dictador Antonio López de Santa Anna, aclamado por Lucas Alamán y el grupo de conservadores potentados de su tiempo, en pleno siglo XXI se repite la historia y los lucas alamán de hoy, como el todavía presidente del INE, Lorenzo Córdova, viajan al extranjero y se entrevistan con miembros del gobierno norteamericano, con la NED (National Endowment for Democracy) que es el tentáculo de USA Corporation encargado de financiar a la “sociedad civil” y sus protestas contra “dictadores” (léase: estadistas incómodos a la plutocracia trasnacional) y, además, con uno los más desprestigiados representantes del injerencismo imperial: el indefendible Luis Almagro, titular de la OEA, conocida también como “la oficina de las colonias de USA” por haber participado no sólo en el aislamiento de países soberanos como Cuba, Venezuela y Nicaragua, sino por su directo involucramiento en golpes de estado contra el presidente de Honduras Manuel Zelaya Rosales en 2009; otro golpe sangriento contra entonces primer mandatario boliviano de extracción indígena Evo Morales Ayma en noviembre de 2019 y el más reciente contra el presidente de Perú Pedro Castillo Terrones, otro mandatario de origen indígena que por representar genuinamente a su pueblo, sufrieron el mismo destino que el imperio más depredador de la historia, USA Corporation, determina contra quienes afectan sus intereses mezquinos.

 

En el caso de México, si bien es cierto que la estrategia intervencionista de USA Corporation no es tan directa y sangrienta, no por ello deja de ser violatoria de la soberanía nacional y contraria a los intereses populares con la connivencia y apoyo de los plutócratas y la clase politiquera coludida con ellos entre los que se encuentran, además del titular del INE, la mayoría de los ministros de la SCJN y las cúpulas de lo que conocemos como el PRIAN que han decidido elegir como su “líder moral” (SIC) al impresentable Claudio X. González, hijo del traficante de influencias del mismo nombre y promotor del desafuero de Andrés Manuel López Obrador y el fraude de 2006 que llevó a la presidencia al Carnicero de Michoacán (Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa). No hay que olvidar que dicho fraude fue favorecido por el entonces gobierno gringo encabezado por George W. Bush. Tampoco hay que perder de vista que el IFE (hoy INE) fue creado en 1990 nada menos que por el discípulo del Consenso de Washington (Reserva Federal, FMI, Banco Mundial), Carlos Salinas de Gortari, para garantizar la llegada al poder de los que implementarían el neoliberalismo en el país y no, como se vendió al pueblo mexicano, para promover elecciones limpias y democráticas.

 

En virtud de lo anterior, el sistema podrido de partidos políticos se encargó de colocar en el IFE (hoy INE) a consejeros a modo que harían todo lo posible por impedir que verdaderos servidores del pueblo llegaran al poder y, para ello, dotaron a este oneroso instituto, de autonomía con el fin de propiciar fraudes, usurpar funciones del Poder Legislativo y manejar el multimillonario presupuesto que se le ha asignado, de manera opaca y abusiva, asignándose salarios, lujos y privilegios verdaderamente ofensivos al pueblo. 

 

Y para impedir cualquier intento de reforma que terminara con tal dispendio de dinero público, decidieron incorporar en el Art. 41 de la Constitución todas aquellas estipulaciones a modo para continuar obstaculizando toda medida favorable al interés popular y “legalizando” sus corruptelas. Con el rechazo del PRIAN a la Reforma Electoral propuesta por el gobierno de la Cuarta Transformación, los legisladores del movimiento lopezobradodista emitieron reformas a leyes secundarias, conocidas como Plan B, que básicamente pretendía reducir sustancialmente el dispendio estratosférico de recursos al modificar en parte la estructura interna del INE, eliminando puestos innecesarios y, sobre todo, la acción corrupta de Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo encargado del manejo del abultado presupuesto y también de presentar amparos y controversias en contra del interés popular. Y, por cierto, ante la perspectiva de las auditorías programadas a este elefante oneroso y dañino al pueblo, por una parte, y ante el nombramiento de los 4 consejeros sustitutos de los salientes, este sujeto decidió renunciar argumentando que lo hacía porque su figura se había vuelto “muy pública” y ello no le permitiría desempeñar su cargo con la “discreción” (léase:  opacidad) que había venido ejerciendo en la turbia disposición del dinero público.

 

Por otra parte, tal como ya es del dominio de una gran mayoría de ciudadanos, el poder judicial en distintos países del mundo ha servido no sólo para violar el espíritu de la justicia que debe estar presente en cada ley que se emite, siendo los primeros en transgredir preceptos constitucionales y también llevar a cabo golpes blandos que no por ello han estado exentos de violencia y derramamiento de sangre, en contra de mandatarios legítimamente votados por los ciudadanos. En México, desde el siglo pasado, el pueblo ha padecido a una Suprema Corte que no rinde cuentas a nadie porque, de manera muy tramposa, han contado con un poder paralelo llamado Consejo de la Judicatura supuestamente diseñado para vigilar la actuación de jueces, magistrados y ministros pero que jamás ha regulado nada y, al contrario, ha condonado toda clase de abusos y corruptelas.

 

Peor aún, pese a que siempre han actuado contra el interés popular, lo que ha venido ocurriendo tras el nombramiento de Norma Piña a la presidencia de la SCJN, ha superado con mucho la enorme descomposición de esta institución que de manera ya abierta y sin el menor pudor, ha admitido la controversia constitucional presentada por el INE, alegando “violación a derechos políticos y electorales” según el Sr. Javier Laynez Potisek, Presidente de la Segunda Sala. En realidad, tal como lo reconoce el propio Presidente López Obrador, lo que está detrás de la suspensión indefinida del Plan B, no es un tema jurídico sino político (yo diría politiquero) pues siendo los ministros de la Suprema de Injusticia los primeros en violar el Art. 127 de la Carta Magna, al pagarse salarios muy por arriba del que percibe el propio AMLO, no les conviene que se aplique una reforma que esencialmente consiste en la reducción de los insultantes mega-salarios que reciben los consejeros del INE. Aquí yo añadiría otro motivo detrás del madruguete que nos asestó la Corte el pasado viernes 24 con la suspensión del Plan B: el dejar intacta la estructura mafiosa de un instituto que ha sido promotor de latrocinios, fraudes y descaradamente ha hecho activismo en favor de la oligarquía dentro y fuera de México. Con dicha suspensión temporal, el Sr. Laynez se atrevió a violar el Art. 105 constitucional que estipula que no se debe admitir controversias en materia electoral.

 

Finalmente, no hay que olvidar que además de apoyar a una plutocracia ladrona aliada a una partidocracia corrompida, el INE ha mentido a miles de ciudadanos al difundir la mentira de que el actual mandatario  pretende “manipular” la elección en 2024 y bajo el lema de “el INE no se toca”, lejos de decir que están defendiendo sus privilegios y salarios millonarios, manipulando la credulidad de gente que sólo escucha a los jilgueros de medios mercenarios que nada dijeron ante fraudes escandalosos en los que se ha violado flagrantemente la voluntad popular. No es ninguna coincidencia que Lorenzo Córdova haya viajado a USA, gastando el dinero público, para hacer turismo de derecha ante instancias en el vecino país que están inconformes y furiosas contra la política nacionalista y favorable al pueblo emprendida por Andrés Manuel López Obrador.

 

En conclusión, además de los pasos que emprenda la Consejería Jurídica de la Presidencia, estará en manos del pueblo que en su gran mayoría apoya la Cuarta Transformación, aplicar el “Plan C”, como llamó AMLO al proceso electoral en 2024 en el que tendremos que lograr la mayoría calificada del lopezobradorismo en el Congreso con el fin de llevar a cabo una profunda reforma de la ley constitucional en muchos aspectos como los contenidos en la ambiciosa y visionaria Reforma Electoral que fue frenada el año pasado por los traidores a la Patria.

 

Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más pronto. Voltaire