Sociedad y Estado en América Latina del Siglo XXI: Breve repaso al Perú

No se puede entender el Perú del Siglo XXI sin la herencia política del expresidente Alberto Fujimori. Y es que en pleno 2022 sus huestes aún sacuden el panorama político peruano. De manera breve recordamos al periodo de Fujimori entre el 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre de 2000. La cuestión es que al poco tiempo de ser elegido presidente por la vía electoral, organiza un autogolpe de estado en 1992 con la intención de retomar las instituciones públicas y emitir una nueva constitución política en 1993 que le permitiera la reelección presidencial sin resistencia alguna mediante la polémica “Ley de interpretación auténtica”. En los noventas convulsos latinoamericanos, la apuesta fujimorista fue similar a la de Carlos Salinas de Gortari en México: empresas estatales que pasaron a manos privadas y al mismo tiempo se acentuaron políticas de libre mercado golpeando aún más a las clases populares: es decir, políticas neoliberales a la peruana.

No obstante, el costo social y político del fujimorismo con revueltas populares y graves violaciones a los derechos humanos como la matanza de La Cantuta, despertó en parte el descontento popular y aunque en la elección del 2000 ganó nuevamente la contienda presidencial, la sospecha de fraude y el ambiente político lo obligaron a renunciar vía telegrama desde Japón, país que le había acreditado su nacionalidad por lo que pudo evadir la justicia algunos años, hasta que finalmente cae en prisión en Septiembre de 2007. Sin embargo, la realidad social en el Perú no había cambió mucho en 7 años. Una vez que Fujimori salió de la órbita política peruana, Alejandro Toledo fue declarado como nuevo Presidente de la República en las elecciones del 8 de abril de 2001. 

No obstante la situación no cambiaría mucho pues, escándalos de corrupción mermaron rápidamente su popularidad al mismo tiempo que se preparaba ya un tratado comercial con EUA lo que provocó malestar entre la gran mayoría de los campesinos pues había un temor enorme de repetir los esquemas mexicanos y ver golpeada su ya débil economía. Para las elecciones de 2006 fue reelegido Presidente Alan García, quien había estado un primer mandato presidencial entre 1985 – 1990 y que bajo los cambios legislativos del fujimorato pudo contender y ganar un segundo periodo.

En su segundo lapso apostó por proyectos de inversión pública y retomar la política exterior; aunque, también fue acusado de actos de corrupción que incluso lo obligarían al suicidio. Para los comicios presidenciales del 2011 Ollanta Humala fue el triunfador por un margen reducido pero que acaparó la atención porque en la contienda se sumó Keiko Fujimori, hija del expresidente y que había aglutinado una fuerte base electoral.

Si bien Humala simpatizaba más por las políticas progresistas de Lula Da Silva que por las de Hugo Chávez, el freno para llevarlas a cabo fue más la inestabilidad política interna lo que se reflejó al final de su mandato cuando estalló el escándalo del caso Lava Jato y Odebrecht, quienes habían financiado su campaña electoral en 2011 por lo que fue encarcelado y aunque después sería puesto en libertad, aún sigue en investigación. Así pues, en plena crisis política, transcurrieron las elecciones presidenciales del 2016 en las que Pedro Pablo Kuczynski ganó la presidencia después de ganar a Keiko Fujimori con un margen muy ajustado y que emitía un mensaje claro, que el fujimorismo no estaba muerto y que podía pelear nuevamente la presidencia. Una vez en el gobierno, Kuczynski le concedió un indulto humanitario y derecho de gracia al expresidente Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años por crímenes contra los derechos humanos lo que valió el rechazo de una gran parte de la población. 

Y para el​ 20 de marzo de 2018 decidió renunciar a la presidencia, ocupando su lugar el vicepresidente Martín Vizcarra cuando los escándalos también vinculados a Odebrecht ya eran insostenibles. Ya con Vizcarra y la herencia de un frágil panorama político, intentó implementar varias reformas pero la oposición política las rechazó mediante el congreso por lo que Vizcarra los disolvió en 2019 y para Enero del 2020 un nuevo Congreso tomó protesta. No obstante, dicho congreso destituyó tres meses después al propio Vizcarra por incapacidad moral. Y así tomó al Perú la pandemia producto del Covid 19.

Una vez destituido, Manuel Merino asumió la presidencia lo que desencadenó protestas en su contra y a su vez, la presidencia respondió reprimiendo a los manifestantes, muriendo dos personas por ello por lo que Merino renunció una semana más tarde. Para el 17 de noviembre, el Congreso eligió a Francisco Sagasti como nuevo Presidente de la República, pero éste sólo pudo administrar la crisis política para convocar a elecciones aunque nuevamente había otro escándalo de corrupción, pues ahora había un desvío de fondos para las vacunas contra el covid (vacunagate).

Para julio del 2021 Pedro Castillo se impone por la mínima diferencia nuevamente contra Keiko Fujimori como rival, lo que llevó a una polarización más marcada entre los grupos afines al presidente electo y la oposición, los intereses creados que no permitieron cambios en las estructuras políticas y sociales del Perú. Incluso, Castillo solicitó asesoría al gobierno mexicano de López Obrador con la diferencia de que el presidente peruano no contaba con la mayoría del Congreso para llevar a cabo las reformas que el Perú requería.

De ahí que para el 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció el cierre del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción, por lo que buscaba imponer su proyecto de gobierno ya sin tener que lidiar con los obstáculos de la oposición política pero dicha jugada fue considerado como un autogolpe de Estado por lo que el Congreso votó a favor de su destitución y fue encarcelado por la Policía Nacional y más tarde, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió el cargo por sucesión constitucional, por lo que las protestas fueron brutalmente reprimidas y el escenario fue mucho peor que en enero del 2020 pues a la fecha, el descontento popular sigue cobrando fuerza y aunque al día de hoy suman más de 40 muertos, Boluarte no sólo no renunció sino que exentó del pago de impuestos a las grandes empresas y tuvo casi inmediato el respaldo de los Estados Unidos. Así el presente peruano en medio de una crisis política e institucional que no se resolverá pronto pues tampoco se han convocado a nuevas elecciones. Con Castillo en prisión, la apuesta de la sociedad peruana está en la memoria histórica y en su capacidad de reorganización aunque la misma historia reciente nos diga que la inestabilidad política es el sello característico de los últimos años en Perú. A pesar de ello, que la esperanza no cese. Como diría el gran Antonio Machado, ayer es siempre todavía.