Reclaman justicia por 33 muertes de meningitis

La ley del silencio amenaza con imponerse sobre las víctimas del brote de meningitis que sufre Durango desde el pasado mes de octubre. A las 33 personas fallecidas —32 mujeres y un hombre, según la Secretaría de Salud estatal (SSD)—y las 79 contagiadas por la enfermedad, sus allegados le añaden estos días otra batalla más: la de reclamar justicia. Los familiares de las afectadas temen que la impunidad acabe por ganar la partida y su caso termine en el olvido, ahora que el ruido mediático ha cesado. Denuncian que todavía no haya ningún detenido —pero sí siete sospechosos prófugos, los dueños de los hospitales donde empezó todo— y que nadie en el Gobierno ni la SSD haya asumido responsabilidades políticas por la muerte de, en su inmensa mayoría, mujeres jóvenes y sanas. Los expertos coinciden en que el suceso es histórico, sin antecedentes en la literatura científica, y un ejemplo en el libro negro de negligencias médicas.

Mientras tanto, hay cuatro pacientes en terapia intensiva en estado grave y otras 18 hospitalizadas pero estables. El resto siguen la rehabilitación desde sus hogares, aunque tres mujeres que habían recibido el alta hospitalaria tuvieron que ser ingresadas de nuevo. El tratamiento puede extenderse entre seis y 10 meses más, de acuerdo con la SSD. Al menos 34 niños han quedado huérfanos. “[Las autoridades] te dan muchos apoyos en cuanto a pañales, leche… pero la vida de nuestras hijas no nos la regresan. Hay responsables en esto y no hay detenidos, nadie que esté pagando por esos crímenes. A mí me tiene con mucho dolor, impotencia, enojo”, solloza Maribel Nava, madre de Nancy Guadalupe, una de las mujeres víctimas de la meningitis con apenas 33 años y dos hijos casi bebés.

A mediados de diciembre, EL PAÍS entrevistó a Nava mientras Nancy Guadalupe todavía estaba ingresada, con un tratamiento que parecía funcionar y la sensación de que lo peor había quedado atrás. Poco después, comenzó a empeorar. “Dos semanas antes de que mi hija falleciera aumentaron mucho la dosis. Tenía problemas para ver y yo la veía que estaba hinchadita su cara, cada vez más mal. Se empezó a descontrolar mucho su presión arterial. Me llegó a decir: ‘Mami, lléveme a la casa. Si tres días Dios me deja, quiero vivirlos con mis hijos’. Pero seguíamos con la esperanza, le pedíamos que siguiera luchando, que ella iba a ser la excepción, que no iba a ser parte de las estadísticas. Ya no está mi hija, pero pido que se haga justicia”, narra la mujer por teléfono.

“No hay detenidos ni esperanzas de nada”

Un día antes de sufrir el derrame cerebral que la conduciría a la muerte, Nancy Guadalupe le pidió a sus padres que denunciaran al hospital donde se contagió de meningitis —el brote comenzó en cuatro clínicas privadas, la del Parque, San Carlos, Dikcava (que ni siquiera tenía licencia) y Santé, clausuradas ya y con sus dueños en paradero desconocido, perseguidos por la justicia—. No fueron los primeros familiares de víctimas en hacerlo, aunque todos denuncian que el proceso legal no se ha movido un ápice desde entonces.

“Pusimos una denuncia contra el Hospital del Parque, pero no nos han dicho nada. La verdad, aparte de la tristeza que traemos, estamos decepcionados con el Gobierno, que no apoya nada en cuestión de lo judicial. Ojalá y alguien se animara a hacerles otra vez protestas, a ver si ponen más atención”, clama Enrique Rosales (49 años), padre de Laura Rosales, fallecida también a los 30 años, madre de dos niños. El hombre asegura que, además, les han puesto problemas para entregarles al acta de defunción: “Yo no la quise porque no le pusieron que murió por meningitis, no le han puesto nada y ahí la dejé [otras familias consultadas han denunciado el mismo problema]. El Gobierno ha estado muy mal, muy pésimo todo, no sé que estén escondiendo. Saben quién fue y quién todo, pero no han agarrado a nadie”, sentencia.

Marta Esmeralda León (33 años) ingresó el 2 de noviembre en el Hospital 450 de Durango, el centro público desde el que se dirige la lucha contra la meningitis. Respondía al tratamiento, se mantenía relativamente estable, aunque con unos dolores terribles de cabeza que la inmovilizaban. El 5 y 6 de enero sufrió dos microinfartos cerebrales. Desde entonces, está en terapia intensiva. Aunque a veces abre los ojos, no se puede decir que se haya despertado. En la última prueba los resultados fueron algo mejores. Los médicos le dijeron a su padre, Diego León, que le hablaran e interaccionaran con ella, “para que haga la lucha de participar más”, explica el hombre.

“Es triste y está uno como frustrado y desesperado porque ya son más de tres meses en el hospital. Todos estamos molestos porque no vemos avance, no vemos respuesta, nada claro. En Durango de la meningitis ya no se dice nada, nadie comenta de los pacientes, ya lo enterraron”, dice León. “Todavía no detienen a nadie y no nos dicen nada de la investigación. No sabe uno cómo lo está moviendo el Gobierno, no hay detenidos ni esperanzas de nada”, continúa el hombre.

“Lo poquito que teníamos en lo económico ya nos lo acabamos”

Irasema Kondo, secretaria de Salud de Durango, defiende su gestión en entrevista telefónica con EL PAÍS, y asegura que el Gobierno está ayudando en todo lo que puede: “Es muy lamentable que se tenga esa percepción, nosotros hemos aportado toda la evidencia científica, pero es la Fiscalía quién lleva la investigación judicial. Sale fuera de mi competencia. Cuando iniciamos esta administración este tema ya estaba. Los pacientes acudieron por voluntad propia a los hospitales privados [donde se produjo el brote], lo que hemos hecho es resolver un problema”, se justifica. Este diario ha contactado con el Ministerio Público del Estado, pero no ha obtenido respuesta.

“Creo que vamos avanzando de manera favorable. La proyección inicial era que iba a haber más pacientes contagiadas y más defunciones”, continúa la secretaria. El principal reto para su administración, explica, es concluir el estudio a las más de 1.800 personas que estuvieron expuestas a la enfermedad. Kondo asegura que ya llevan en torno a un 70% de avance. Para las pacientes infectadas calcula que quedan por delante entre seis y diez meses de tratamiento, aunque el organismo baraja la opción de que lo reciban desde sus hogares por cuestiones de “salud mental”: para que las afectadas puedan estar rodeadas de sus familias.

A los familiares, los tecnicismos no les convencen. “Es desgastante. Lo poquito que teníamos en lo económico ya nos lo acabamos. En los periódicos dicen que nos está apoyando el Gobierno y la verdad que yo no lo veo claro. Me dijeron que me iban a apoyar con gasolina para moverme en mi camioneta y en un mes me han dado 1.200 pesos. No tenemos ningún ingreso, yo soy del campo, agricultor, no tenemos empleo fijo, solo trabajos temporales que nos dan en el pueblo. Teníamos unos puerquitos y ya los hemos ido vendiendo y nos quedamos sin nada para poder tener algo de dinero”, protesta Diego León.

Todavía no está claro cómo comenzó el brote, causado por un hongo que normalmente se encuentra en vegetales. Las hipótesis van desde la reutilización de jeringuillas a la mala conservación y manejo de los medicamentos en los cuatro hospitales privados. La enfermedad se identificó por primera vez en cuatro lotes de bupivacaína, un anestésico local utilizado en cesáreas y otras operaciones cortas, lo que explica que la inmensa mayoría de afectadas sean mujeres jóvenes. La compañía que produce el fármaco, Pisa, distribuye internacionalmente, pero solo ha habido casos en Durango.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) analizó varias partidas del medicamento, pero no encontró rastro de contaminación, aunque identificó la presencia de hongos y bacterias en las clínicas. “No tenemos ningún avance, se concluyeron ya los muestreos ambientales a todos los hospitales, enviaron todas las muestras al laboratorio estatal y Cofepris tiene toda la investigación, pero no hemos recibido ninguna conclusión aún”, señala Kondo. Para las víctimas de las meningitis y sus familiares, el camino solo acaba de empezar.