Partidocracia vs. legítima oposición

La diferencia diametral entre la partidocracia y la auténtica oposición, siendo esta última un elemento fundamental en una verdadera democracia, la participativa

Ningún gobierno puede mantenerse por largo tiempo sin una sólida oposición. Benjamín Disraeli

Inicio esta reflexión con una pregunta obligada: ¿existe en nuestro país una oposición legítima? Y para poder contestarla, es necesario primero definir este concepto y las premisas para su existencia.

Ciertamente, en el proceso de fortalecer una verdadera democracia (poder del pueblo) la existencia de una legítima oposición es indispensable, pues la historia demuestra que la tiranía surge precisamente por la ausencia de crítica justificada a decisiones perjudiciales del interés popular. Y en este punto, es necesario apuntar que para que exista una legítima oposición es indispensable que la ciudadanía se involucre activamente en el diseño de las políticas públicas para lo cual debe contarse tanto un sistema educativo que fomente el pensamiento crítico, como medios de comunicación que funcionen al servicio de la sociedad y promuevan el análisis objetivo de la realidad nacional.

Otra razón de peso para contar siempre con crítica constructiva es porque ningún ser humano está exento de equivocarse y por ello, independientemente de las mejores intenciones de un gobierno existe el riesgo de cometer errores. En este punto es menester diferenciar un error de un acto de corrupción. Es decir, se puede afectar el interés popular por una equivocación aunque se tenga la intención correcta y esto se corrige con la acción opositora de la ciudadanía. Esta es la oposición necesaria y benéfica. Y estos actos de oposición son igualmente fundamentales en presencia de actos evidentes de corrupción.

Por otra parte, es pertinente clarificar que la existencia de una variedad de partidos políticos no necesariamente implica el fomento de una oposición que genuinamente busque el mejoramiento de la gestión gubernamental. La realidad es que desde hace décadas se estableció a nivel internacional un sistema consistente en destinar pingües sumas de dinero tanto a partidos políticos como a “servidores públicos” justamente para impedir un verdadero compromiso hacia los ciudadanos, además de marginarlos del ejercicio de gobierno. Por lo tanto, creer que la formación de nuevos partidos políticos implicará el ejercicio de una oposición positiva que corrija errores o erradique actos de corrupción, es ignorar que el actual entramado político-electoral está diseñado justamente para que eso no ocurra. 

Vivimos en una interesante época en la que hemos venido atestiguando cambios visibles, aunque todavía insuficientes, en la concepción de lo que debe ser un gobierno realmente al servicio de los mandantes. El actual titular del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador proviene de un histórico movimiento de legítima oposición a la acendrada corrupción que surgió prácticamente a partir de la creación del antecesor del PRI, el Partido Nacional Revolucionario en 1929 por Plutarco Elías Calles, justamente porque este personaje pertenecía al grupo de “revolucionarios” acomodaticios y carentes de auténtico compromiso con la justicia social buscada por el propio Ricardo Flores Magón, ideólogo de la revolución, o los grandes líderes Emiliano Zapata o Francisco Villa. Y a pesar del oportunismo de los fundadores del PRN, las caras aspiraciones de los luchadores genuinamente comprometidos con el pueblo quedaron plasmadas en el texto constitucional de 1917 y sus cuatro ejes principales: los artículos 3°, 27, 39 y 123. 

Lamentablemente, desde el nacimiento del PNR, el único período en el que el gobierno realmente aplicó las políticas sociales contenidas en la ley constitucional fue el del General Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940 y fue justamente en contra de su administración que surgió el Partido Acción Nacional en 1939, cuyos fundadores, miembros de la élite empresarial, se oponían a la nacionalización energética con la creación de la CFE en 1937 y PEMEX en 1938 y demás medidas de redistribución de la riqueza implementadas por el presidente Cárdenas. Y es aquí donde es indispensable analizar la naturaleza de una oposición que lejos de obstruir decisiones en beneficio del interés popular, se empeña en sólo favorecer los intereses de una reducida oligarquía totalmente distanciada del pueblo. Por lo tanto, la cuestión fundamental consiste en definir qué clase de oposición es no sólo conveniente sino indispensable para la consecución de una auténtica democracia, es decir, la capacidad de la población para incidir en la aplicación de políticas en su beneficio. 

En virtud de lo anterior, si lo que a partir de 2018 hasta la fecha ha fungido como “oposición” se ha empeñado en impedir políticas en beneficio popular para retornar a los gobiernos entreguistas que desde 1983 aplicaron las fórmulas neoliberales impuestas por el Consenso de Washington (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Reserva Federal) generando un empobrecimiento exponencial que alcanzó más del 60% de la población, se puede concluir que tal oposición lejos de fortalecer un gobierno al servicio de la ciudadanía, ha pugnado por debilitarlo. Y lo que realmente debemos hacer es fomentar una oposición fundamentada en un conocimiento correctamente informado de la cosa pública y una creciente formación política que incluya el escepticismo y el análisis inteligente de los actos de gobierno con el fin de garantizar la construcción de la verdadera democracia que redunde en el bienestar del pueblo en su totalidad.