Las Comisiones de Derechos Humanos y sus llamados a misa

Las comisiones pro defensa de los derechos humanos (CDH) surgieron en América Latina en los sesentas y setentas del siglo anterior a raíz del agotamiento del modelo de desarrollo de la postguerra, la segunda, y ya sabemos qué ocurre cuando el modo de producción todavía dominante hoy en el mundo, el capitalismo, entra en crisis y esto pone en tela de juicio su reproducción por la rebelión, sobre todo, de los más agraviados por el desplome, los obreros y los campesinos, eventualidad a la que los detentadores del poder económico y político de ese entonces respondieron imponiendo gobiernos autoritarios, genocidas, lo mismo encabezados por militares (caso Chile y Argentina)  que por civiles (caso México y Uruguay). Es en estas décadas que surgen los tristemente célebres “vuelos de la muerte”, llamados así porque, luego de apresar a rebeldes al establishment, se los subía a aviones militares para lanzarlos desde ahí al mar, sin importar que las victimas lucharan contra el sistema con las armas o con la pluma. Disentir de él era más que suficiente para privar a unos y otros del derecho a la vida.

En el contexto de esas dos muy sangrientas décadas para los pueblos de Latinoamérica ocurren en México acciones de violencia brutal como la que el 23 de mayo de 1962 acabó con la vida del líder campesino zapatista Rubén Jaramillo, de su  esposa Epifania, entonces embarazada y de sus tres hijos: Enrique, Filemón y Ricardo, acción en la que por instrucciones directas del entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, participaron 62 elementos de las policías judicial federal y estatal, y soldados del ejército disfrazados de civiles, mismos que luego de sacar de su domicilio a las víctimas, sito en Tlaquiltenango, Morelos, las llevaron a un lugar cercano a la zona arqueológica de Xochicalco para fusilarlos y rematarlos con el tiro de gracia en la cabeza. 

Otro botón de muestra de la brutalidad del Estado mexicano con los rebeldes al statu quo, fue su lucha contra las guerrillas en el estado de Guerrero, en donde luego de una emboscada que el maestro Lucio Cabañas les tendió  a un oficial y tres soldados que en un jeep recorrían la sierra, el entonces ahí comandante de zona, General de División Salvador Rangel Medina, ordenó a uno de sus segundos de a bordo -el Gral. Mario Arturo Acosta Chaparro- ir a los pueblos cercanos a la emboscada para obtener, a como diera lugar, información sobre el escondite de Lucio y su tropa. Como en esos pueblos Lucio tenía muchos simpatizantes con su lucha, todos aquellos que se negaron a traicionarlo pagaron muy caro su osadía porque fueron enterrados vivos luego de atarlos de las manos por la espalda. Así se las gastaba Acosta Chaparro, quien siendo capitán estuvo en Durango cuando la toma del Cerro de Mercado (1966) y que acabó muriendo ya siendo general retirado en una gasolinera de la ciudad de México de un balazo en la frente disparada por un individuo que se dio a la fuga y cuyo nombre hasta la fecha se desconoce.  

Así las cosas y a la luz de las circunstancias que dieron origen en América Latina a las CDH, la pregunta que debemos hacernos los que hemos aprendido a pensar por nuestra cuenta es qué tanto han contribuido a la democratización del subcontinente dichas comisiones. Desde mi punto de vista, y no creo equivocarme, han sido, válgase la expresión, más ruido que nueces, no obstante que, presupuestalmente hablando, nos cuestan mucho a los contribuyentes. Piénsese simplemente en que el capitalismo salió de su crisis de los sesentas y setentas asesorado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el que con el pretexto de bajar la inflación convirtió en política de estado la compresión brutal de los salarios, lo que si bien tuvo como contraparte la inflación de las ganancias del empresariado mayor, provocó la contracción  del mercado mundial y, en consecuencia, el crecimiento de las economías de los países a tasas por muy debajo de las que rigieron en el modelo de desarrollo de la postguerra, en el marco del cual la tasa de crecimiento en México llegó a ser del 7%. Y contra esta brutal caída del nivel de vida de los trabajadores del campo y la ciudad en América Latina las CDH, no obstante el derecho humano a una vida digna, lo cual pasa por la satisfacción decorosa de las necesidades humanas, ahora sí que ni las manos metieron. 

Y fue precisamente a raíz de lo muy conflictiva que se volvió la relación de Los Reyes de la Serenata con los actuales directores del Instituto de Cultura del Estado (ICED) y del Instituto Municipal del Arte y la Cultura (IMAC), Francisco Javier Pérez Meza y Virginia Ruiz Valles respectivamente, que en febrero del presente año apelé a la CEDH para que saliera en defensa de un par de derechos humanos que ese par, acicateados por el que les dio los cargos, Lauro Arce Gallegos, me estaban pisoteando: el libre acceso a la cultura y el derecho a la recreación, en este caso a través la música romántica y popular, entendida la música como “un lenguaje universal que transforma la vida de las personas; una expresión artística considerada como un derecho humano”.

Como fue muy evidente para el abogado que asumió mi defensa, Enrique Martínez Gándara, que el trasfondo del afán de borrar de la cartelera cultural de la Ciudad al programa era absolutamente político, falló a mi favor conminando a los directores del ICED y el IMAC a restablecerle a la mayor brevedad los modestos apoyos en efectivo y en especie a los conciertos mensuales de Los Reyes de la Serenata. Como a esa primera y única reunión de las partes, por el ICED asistió Pérez Meza, en tanto que por el IMAC acudió en representación de Ruiz Valles, uno de sus operadores, Mario Hernández, yo creí que el diferendo había llegado a su fin. La verdad que no fue así, de entrada porque los conciertos, que debieron haberse reanudado en Abril, se reanudaron hasta Mayo y es hora que el ICED no le paga a los intérpretes, en tanto que Ruiz Valles, vía su representante en la CEDH, me hizo saber que ella no iba a acatar lo acordado, que es tanto como pasarse por “el arco del triunfo” lo que dice la vigente ley estatal de cultura acerca de la obligación que tiene el Estado de apoyar la reivindicación y promoción de géneros musicales tan caros a la sensibilidad latina de nuestro pueblo, como el bolero.

Y como de todo lo anterior puse al tanto, por escrito, al Lic. Martínez Gándara, el señor ni de palabra ni por escrito me respondió, seguramente porque, para él, su rol de mediador había culminado con las recomendaciones que hizo a los directivos de ambos institutos, recomendaciones que en el lenguaje popular son como las llamadas a misa: queda a voluntad de los receptores acatarlas o no. Lo que me dejó como enseñanza este conflicto gratuito luego de casi 4 meses de estar en contacto con la CEDH, es que si en México, como en los demás países de América Latina, la vara de la justicia no tuviera una doble medida, no habría necesidad de estos elefantes blancos que en lo general son las CDH. Algo que sí no sabía es que si las CDH, en cualquier país de América Latina, dejan que el o los infractores se salgan con la suya, como en este caso, lo que sigue es apelar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica y cuyos fallos no son recomendaciones, sino sentencias. Terco que soy cuando defiendo una causa justa, me voy a la segunda instancia.