Así la triangulación de dinero público para pagar a mercenarios de Latinus

Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no son contra de los periodistas sino en contra del consorcio Latinus que obtuvo una cifra de 2 mil 437 millones de pesos de gobiernos estatales y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre los años 2019 y 2024. Las indagatorias son por posibles delitos de lavado de dinero y actos de corrupción.

La alerta se emitió por parte de bancos mexicanos que detectaron movimientos financieros inusuales que derivaron en triangulaciones con dinero público que tenía el propósito de pagar supuestos servicios de salud, lucrando con la salud y productos farmacéuticos a través de dos empresas del grupo Latinus, así lo dio a conocer Elizabeth García Vilchis, en la sección de ¿Quién es quién en las mentiras de la semana’ de la conferencia de prensa mañanera.

Ese dinero fue sacado del país a un paraíso fiscal en Delaware, Estados Unidos, para ser devuelto a México y ser utilizado en el pago de salarios de esos periodistas entre los que están Carlos Loret de Mola, Lorenzo Córdova -ex consejero presidente del INE-, Jesús Silva Herzog, la señora que nos quitó las cadenas -Denise Dresser-, María Scherer Ibarra, Guillermo Sheridan, Víctor Trujillo, entre otros.

Lo anterior se dio a conocer con un fin informativo de saber a dónde iba este dinero, al pago de salario de estos periodistas, “no es en contra de los periodistas, la empresa Latinus presuntamente triangula el dinero público para el pago de periodistas que supuestamente tiene que ir a servicios de salud”, agregó.

Los socios accionistas de Latinus son los que están vinculados con la investigación y no los trabajadores, en especial quien aparece como dueño, Christian González Guadarrama, precisó.

Latinus publicó un comunicado en donde no niega la triangulación de recursos pero acusa abuso de poder y persecución, es decir el mundo al revés, explicó Vilchis.

“Sus plumas y voces pagadas por la empresa se han dedicado a generar una narrativa golpista en contra del gobierno de López Obrador, eso es innegable, para eso les pagan y ellos se venden, venden sus opiniones, su líneas, son texto-servidores al amparo del erario público. Se investiga si realmente los servicios de salud se entregaron a los estados, ojalá así sea, de lo contrario sería un fraude. Eso le compete a la Fiscalía General de la República. Que cada quien saque sus conclusiones”, sentenció.