El PRIAN, la SCJN y la creación del narco-estado

No hay nada tan peligroso como la impunidad, amigo mío, es entonces cuando la gente enloquece y se cometen las peores bestialidades, no importa el color de la piel, todos son iguales. Isabel Allende

Ricardo Márquez Blas, brazo derecho de Genaro García Luna, preso en Nueva York por su estrecho nexo con el cártel de Sinaloa, es el nuevo colaborador recién contratado por Norma Piña, presidente de la SCJN y el Consejo de la Judicatura como la cereza de un pastel putrefacto en el que el sistema de justicia del país es parte de y utiliza argumentos leguleyos para proteger a la delincuencia organizada y de cuello blanco y favorecer así su predominio en la administración pública.

Todavía recordamos cuando la señora Piña permaneció sentada durante el acto conmemorativo de nuestra Constitución de 1917, lo que marcó el inicio de una serie de decisiones y actitudes que representan el claro mensaje de que este poder supremo e intocable seguiría violando flagrantemente artículos de nuestra Carta Magna sin que exista una instancia capaz de poner freno a tales desacatos del estado de derecho y la administración de justicia. 

Desde la liberación de las cuentas de la familia García Luna, pasando por la anulación de la orden de aprehensión contra el narco gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, la decisión de impedir la extradición de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos, la protección a jueces que liberan a delincuentes y, por supuesto la obstrucción de diversas iniciativas enviadas por el Presidente López Obrador al Congreso, como la Reforma Eléctrica, la Reforma Electoral, la Reforma para adscribir a la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, la entrega de los nuevos libros de texto en estados como Chihuahua y Coahuila, entre otras tendientes a mejorar la calidad de vida de la sociedad mexicana, la SCJN se ha constituido en un reducto impune y abusivo dedicado a proteger los intereses de las corruptas élites y los narco-políticos que hasta 2018 se sentían y comportaban como dueños absolutos del país.

Y, por si todo lo anterior no fuese impensable en un país democrático, de acuerdo con la impecable investigación de Contralínea, hoy por hoy la mejor publicación de análisis e información fidedigna que vino a llenar el hueco dejado por el semanario Proceso -hoy dominado por el grupo calderonista-, dos miembros de la SCJN, en un claro y descarado conflicto de interés, forman parte también del Instituto Mexicano del Amparo, A.C., encargado de desatar una verdadera guerra en contra de las políticas públicas del actual gobierno. Se trata de Luis María Aguilar, colocado en la Suprema de Injusticia por Felipe Calderón en diciembre de 2009, por una parte y, por la otra, Alberto Pérez Dayan, también nombrado por Calderón para la SCJN en diciembre de 2012. De hecho, Luis María Aguilar habría contemplado la destitución del propio presidente López Obrador acusándolo de desacato de fallos de la Suprema, en una reedición corregida y aumentada del claro lawfare aplicado a AMLO en 2005 cuando se intentó retirarle el fuero y llevarlo a prisión para impedirle contender en la elección de 2006. 

Como hemos atestiguado tanto en México como en otras naciones de nuestra América Latina, el lawfare -utilización del entramado legal para perseguir y desestabilizar gobiernos progresistas- ha sido el arma favorita de las oligarquías para defender sus intereses y mantener el statu quo de terribles desigualdades y privilegios para los pocos en detrimento de millones de seres humanos. Pues, con todo este comportamiento malicioso, ilegal e ilegítimo, la Suprema Corte de Injusticia en nuestro país no ha cesado en sus intentos de obstaculizar y hacer fracasar a la presente administración encabezada por un hombre que ha dado muestras innegables de combate al abuso en todos los niveles por parte de oligarcas y sus achichincles que sueñan con retornar al paraíso de corrupción que ha imperado durante décadas.

Por el momento, es poco lo que los ciudadanos y nuestro gobierno podemos hacer para erradicar ese criminal poder judicial, llamado por muchos “poder perjudicial”, ya que durante largo tiempo los criminales disfrazados de “servidores públicos” que estuvieron a cargo del gobierno, se empeñaron en construir un entramado jurídico y político que imposibilitara a la ciudadanía o a cualquier gobierno legítimamente constituido, el impedir los permanentes abusos de autoridad, delitos e impunidad perpetrados por aquellos responsables de garantizar un auténtico estado de derecho. Por lo tanto, la alternativa que tenemos los millones de mexicanos que hemos constatado la voluntad del actual ejecutivo para una justa redistribución de la riqueza, la eliminación de la brutal desigualdad económica y social y la correcta administración de nuestros recursos, es garantizar que en la próxima elección de 2024, no sólo logremos elegir a un digno sucesor de Andrés Manuel López Obrador sino la consecución de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión que haga posible la modificación de la ley constitucional para que sea el pueblo el que elija no sólo a jueces, magistrados y ministros sino también a fiscales, consejeros electorales y otros puestos públicos. Sólo así será posible tener un control sobre las decisiones de un poder que genuinamente garantice la justicia en todos los niveles y ámbitos en el país.

Lo que debe quedar prístinamente claro es que ningún poder ni institución pueden ser autónomas con respecto de la constante vigilancia del mandante, en concordancia con el Art. 39 de nuestra Constitución. Sólo con el permanente monitoreo de los servidores públicos podremos garantizar, en los hechos, una genuina democracia: poder del pueblo.

Vivimos tiempos inéditos en los que ha dado inicio no sólo un cambio de mentalidad en la forma de concebir la política y la convivencia social que deberá consolidarse, sino una modificación en la actitud de los propios servidores públicos para que siempre bajo la vigilancia de la ciudadanía, vayan eliminando de su diario actuar conductas y vicios que ya no queremos ver en la actividad política y por ello, esto también sería un llamado a los cuatro aspirantes a suceder a AMLO, a que con el ejemplo, demuestren que genuinamente darán continuidad al Proyecto de Nación y a la Cuarta Transformación.

[Los ministros y jueces] están ahí para defender los intereses de las élites. Andrés Manuel López Obrador