La confusión entre libertad de expresión y libertad de extorsión

Abriendo un capítulo más de la tragicomedia durangueña, el pasado 17 de marzo del presente, apareció en las redes sociales, un desplegado encabezado con una ilustración de la figura del prócer duranguense del periodismo mexicano del siglo XIX, Francisco Zarco Mateos con el título “Periodistas de Durango. A la opinión Publica”. En este manifiesto, periodistas, reporteros, fotorreporteros y comunicadores de Durango se pronuncian en contra de las disposiciones contenidas en la Ley General de Comunicación Social, aprobadas y publicadas el pasado 27 de diciembre del año pasado, más específicamente en lo contemplado en su artículo 26 en el cual se señala que “El límite del programa anual de comunicación social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del presupuesto de egresos anual correspondiente”, según lo cual esta disposición prácticamente deja a los diferentes niveles de gobierno estatales y municipales sin recursos para este renglón de comunicación social.

Enseguida hacen una lista de “argumentos” tan falaces como que esta disposición, 1.- “Es anticonstitucional ya que afecta el derecho de libertad de expresión y la libertad de imprenta”, 

 3.- “Es anticonstitucional porque afecta la autonomía de estados y municipios”

4.- Es anticonstitucional porque afecta la libertad de trabajo de periodistas, reporteros y fotógrafos de prensa”.

5.- “El derecho de los ciudadanos a recibir información, seria nugatorio, es decir, no se podría cumplir, además de que los diferentes niveles de gobierno requieren que la gente los conozca y se entere de ellos para que funcionen.”

Como colofón a esta sarta de mentiras insidiosas, los periodistas convencionales amaestrados y oficiosos, mejor conocidos como “chayoteros”, agregan una desmesurada advertencia: “Por lo anterior, la actividad periodística en Durango y México se encuentra en peligro de ya no poder efectuarse por lo que exigimos al Presidente de la Republica, Cámara de Diputados Federal y Cámara de Senadores lleven a cabo lo conducente para eliminar esas disposiciones contenidas en dicha Ley, además de otras disposiciones que se exceden en requisitos y burocratismos innecesarios”.

Solo les falto rematar ese mamotreto con la consigna revolucionaria: 

“Chayoteros del mundo. Uníos”

A la luz del derecho y de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular de sus artículos sexto, referido a “la libertad de expresión de las ideas que no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”, que asimismo garantiza el derecho a la información por parte del Estado. En sus siete apartados se regula dicha garantía constitucional. 

El artículo séptimo señala que: “es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más limites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito” ….

Como se puede apreciar, en ninguna línea de estos dos artículos se menciona ni sugiere que al Estado o a sus tres niveles de gobierno federal, estatal o municipal les corresponda financiar la actividad de los medios de información/comunicación como así lo da a entender el desplegado de los “Periodistas de Durango”, en que acusan al gobierno federal por las disposiciones contenidas en la Ley de Comunicación Social que como parte de su política de austeridad republicana y por el bien de todos, se propone  disminuir el enorme despilfarro disfrazado de publicidad para direccionarlo a quienes más lo necesitan, fijando el límite del 0.1 por ciento del presupuesto anual del gobierno federal, mismo que si es real ese porcentaje, sigue siendo inmenso si se considera que el presupuesto global de egresos oscila alrededor de los 7 billones de pesos, da por resultado una cifra estratosférica, que rendirá más beneficios sociales si se aplica a la educación pública, a la ciencia y la tecnología, a la cultura y al sector salud.

Tratar de confundir y de engañar a una opinión publica cautiva por la desinformación y la mentira como lo han hecho por muchas décadas estos medios mercenarios que a cambio de prebendas millonarias chantajean a los gobiernos y se confabulan con políticos corruptos y ladrones para desinforma, mentir o callar a modo para ocultar la realidad de sus corruptelas y transas, cuyas argucias les empiezan a dificultar gracias a un gobierno surgido del pueblo y para el pueblo que empezó a barrer la corrupción, gracias también al desarrollo y uso masivo de las redes sociales que han convertido a cada persona en un comunicador directo, sin intermediarios chayoteros corruptos, todo lo cual ha favorecido el despertar de las conciencias, una revolución impulsada por la fuerza de la cuarta transformación de la vida pública de México y Durango.

“Por el bien de todos. No mentir, no robar y no traicionar al Pueblo”.