PRIANRD, violadores de la ley

En México existe una ley de partidos políticos que expresamente prohíbe la intervención de asociaciones civiles que no sean de carácter político, empresas y corporativos, organizaciones y gobiernos locales o extranjeros en la conformación e influencia de los partidos políticos. Dicha ley es constantemente pisoteada por los partidos políticos en general, el sistema político de nuestro país está manoseado por todos los interesados, de tal forma que una buena parte de los partidos, en su dirigencia y militancia en cargos públicos no responden a los estatutos de los mismos sino a los intereses tras bambalinas.

Caso concreto de la alianza opositora de los partidos PRI, PAN y PRD que durante los últimos años han respondido específicamente a un sector del alto empresariado mexicano cuya principal cara es el junior Claudio X. González Guajardo, quien funge como patrón de los tres dirigentes de los partidos de oposición. Les dicta la ruta a seguir y ellos actúan en consecuencia; la ley se viola flagrantemente ante un cómplice y parsimonioso Instituto Nacional Electoral, sin contar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que parecen estar también al servicio de los empresarios antes mencionados.

La idea de contar con un sistema de partidos políticos que sea independiente de los poderes fácticos es precisamente evitar que personas, grupos o gobiernos con dinero e intereses ajenos al interés general del pueblo de México, controlen a billetazos la vida pública del país, porque como dice el viejo proverbio de la política “el que paga para llegar, llega para robar”, en este caso hay intereses oscuros detrás del frente opositor que van desde contratos con el gobierno, privatizaciones, sumisión a las políticas impuestas desde el extranjero, precarización de los ingresos del mexicano promedio en beneficio de los empresarios y un larguísimo etcétera.

Un ejemplo claro de la violación a las leyes de electorales es el caso que está plenamente documentado de los sobornos de la empresa brasileña Odebretch, que de acuerdo con lo declarado por el exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya Austin, en 2012 la filial de dicha empresa en nuestro país aportó de forma ilegal millones de dólares para la campaña presidencial del priista Enrique Peña Nieto, quien al llegar a la presidencia hizo reformas a medida de dicha empresa en materia energética, con la oportuna y servil ayuda de legisladores del PAN y el PRD quienes se presume también recibieron sobornos.

Otro ejemplo es el de la clara intervención del gobierno de los Estados Unidos que a través de la organización USAID donó millones de dólares a la organización Mexicanos Contra la Corrupción creada por Claudio X. González Guajardo, para hacer “periodismo” en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de los señalamientos por parte del presidente, los apoyos a dicha organización no han cesado aún cuando se han comprobado los intereses de González de apoyar a los opositores.

La elección de 2024 será el momento de llamar a cuentas a esos que disfrazados de sociedad civil, se aprovechan de la ignorancia, la pobreza y el hambre de un sector mayoritario del pueblo mexicano, de evidenciar a aquellos que utilizando la mezquindad de los políticos corruptos y serviles beneficiaron a una clase privilegiada. La ley es clara y se debe respetar en todos los casos, para que la vida en democracia no esté manipulada por nada que no sea en interés de las mayorías.

A esto se agrega la urgencia de cambiar al Poder Judicial en sus vicios e inercias ya que constantemente falla en contra de los intereses del pueblo. Para ello se necesita una base fuerte de mexicanos que respalden la transformación del país en las urnas, el control del Congreso de la Unión con amplia mayoría, la presidencia de la república y el pueblo movilizado, informado y consciente que acompañe las acciones del gobierno, esa es la respuesta ante el servilismo del Poder Judicial a las élites de este país.

El plan C es la tarea.