Imperativo acabar con los excesos y privilegios de la clase política

La maquiavélica estrategia para distanciar a los “servidores públicos” de sus mandantes

Nacional 14 de agosto de 2023 PATRICIA BARBA ÁVILA

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Nadie aguanta un cañonazo de 50,000.00. Álvaro Obregón

 

Es incuestionable que la brecha generada por la asignación de pingües sumas de dinero a partidos políticos y a todos aquellos que, justamente por lo dicho por Obregón, buscan afanosamente conquistar puestos en la administración pública, sigue siendo uno de los infortunados corolarios de un entramado legal diseñado expresamente para crear una brecha económica y política entre los servidores públicos (gobierno) y sus patrones (pueblo).

 

Esta circunstancia, que se antoja inimaginable en cualquier empresa del sector privado, se convirtió en la norma que, con lo visiblemente absurda que es, durante largo tiempo no inquietó ni indignó a amplios sectores sociales que llegaron a pensar que el dinero despilfarrado por una clase política desvergonzada y abusiva, era propiedad gubernamental en lugar de riqueza generada por los impuestos pagados por millones de gente. Y este era, justamente, el efecto que se buscaba para hacer posible la continuidad de un sistema de explotación de la fuerza laboral por parte de oligarquías insaciables apoyadas en el aparato politiquero creado ex profeso para tal fin en “democracias representativas” como la mexicana.

 

Sabemos que, aunque la revolución mexicana logró reivindicaciones sociales importantes no pudo evitar el surgimiento de una burguesía militar que eventualmente se transformaría en partido de estado (PNR, PRM, PRI) y que se fue enriqueciendo merced de las victorias logradas por miles y miles de campesinos que buscaban la recuperación de sus tierras y el respeto de sus derechos violados por terratenientes, hacendados y empresarios nacionales y extranjeros apoyados por dictaduras como la de Porfirio Díaz. Dichas demandas incluidas en el Plan de Ayala promovido, entre otros líderes, por el General Emiliano Zapata Salazar, en el sur y por el General Francisco Villa en el norte del país, fueron el motor que impulsó un proceso revolucionario accidentado y caracterizado por diferencias de clase y de proyecto y  por ello, los intereses de los que en un inicio lucharon contra la oligarquía terminaron identificándose con ella y alejándose de aquellos que dieron su vida para eliminar los abusos y corrupción heredados de regímenes autoritarios. Se repetía, con algunas variantes, el mismo proceso ocurrido con la guerra de independencia iniciada en 1810 por Miguel Hidalgo, José María Morelos y otros héroes. 

 

En virtud de lo ocurrido en ambos procesos reivindicatorios de los derechos de las clases explotadas, es fundamental identificar las causas que han impedido que las sociedades alcancen un estadio de justicia social integral, que incluya a todos los sectores sin excepción. Sin duda, un factor que ha determinado un desarrollo social inequitativo ha sido la acumulación de riqueza por unos pocos desde los inicios de las distintas civilizaciones humanas. Con el surgimiento de la agricultura, las agrupaciones tribales donde se distribuía por igual lo que se lograba recolectar o cazar, se transformaron en estructuras más complejas de administración de los recursos en las que los que se hacían del control de los excedentes con los que se comerciaba, tenían un estatus de ventaja y privilegios sobre los generadores de riqueza que, contradictoriamente, se convirtieron en la clase dominada y explotada. Y esto no ha cambiado hasta nuestros días. En sus diferentes etapas históricas, el surgimiento de élites económicas aliadas de las políticas ha sido la norma. 

 

En este punto es donde cobra una enorme relevancia lo que sostiene el presidente López Obrador respecto de la inmoral acumulación de dinero por parte de una oligarquía apoyada en una clase “política” creada ex profeso mediante la asignación de sueldos y prerrogativas muy por encima de las percepciones de un ciudadano común, con el fin de proteger tales privilegios y, al mismo tiempo, controlar y manipular a amplios sectores de la población. Claramente, lo que afirma AMLO de que “la felicidad no la da el dinero, sino estar bien con nuestra conciencia” es la clave para ir erradicando la brutal desigualdad que ha caracterizado a naciones que presumen de democracia mientras mantienen brechas insultantes y moralmente insostenibles entre los ingresos de las élites financieras y la élite política a su servicio y los salarios de los que generamos la riqueza. Siempre he sostenido que la pobreza no es sólo la consecuencia de la exacerbada ambición de oligarcas y políticos venales sino un eficaz instrumento de control social y por ello, la propuesta de reforma político-electoral enviada por nuestro primer mandatario al congreso significaba un cambio sustancial en la estructura de gobierno al eliminar el factor corruptor por excelencia, el dinero, de una actividad partidista y electoral que debería estar bajo el control del pueblo pero que con la creación del IFE/COFIPE favoreció la imposición del régimen de saqueo llamado neoliberalismo haciendo creer a la ciudadanía en una democracia ficticia mientras se favorecía la corrupción de partidos políticos y “servidores públicos”. A esto se le sumó la falsedad estipulada por el Art. 41 constitucional de que “el pueblo ejerce su soberanía a través de los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que claramente contradice lo que mandata el Art. 39 de nuestra Carta Magna.

 

Cuando hemos afirmado que los sueldos de los “servidores públicos”, para cuyo monto nunca se ha consultado a los mandantes, son ofensivamente elevados en comparación con lo que percibe un ciudadano común, ha habido reacciones airadas de parte de aquellos vivales que so pretexto de que realizan una labor importantísima “al servicio de la sociedad” para la cual requieren conocimientos y habilidades “exclusivas” y que exige de largas jornadas de trabajo, defienden sus privilegios y pasan por alto que existen millones de maestros, médicos, campesinos, obreros, etc.  con salarios 10, 20 veces inferiores a los de funcionarios públicos, que trabajan sin descanso y  sin cuya labor el funcionamiento de una comunidad sería impensable. Aquí, por supuesto, es necesario mencionar casos excepcionales como el del propio presidente López Obrador y otros colaboradores aunque son los menos. 

 

 Aunque se afirma que en México ya vivimos en una verdadera democracia participativa, esto no es del todo cierto. En realidad, lo que ocurrió el pasado 1 de julio de 2018 significó un triunfo electoral sorprendente dado que el IFE/INE, en nado sincronizado con las élites y el PRIANrredé sí cometieron fraude. No obstante, el andamiaje que ha consolidado la existencia de la clase política privilegiada que sirve “desinteresadamente” a sus mecenas, la oligarquía, continua intocada y no será hasta que se realice una profunda reforma como la que pretendía AMLO, cuando se corrija esa situación absurda y ofensiva en la que los empleados viven con privilegios mientras que los patrones todavía padecen estrechez económica y miseria, pese a la incuestionable voluntad del presidente de disminuir las desigualdades con una visible aunque todavía insuficiente redistribución de la riqueza. Porque el cambio drástico e imprescindible que se requiere para erradicar la desigualdad y lograr una sociedad auténticamente justa y progresista no depende de la voluntad de un solo hombre sino del concurso de todos aquéllos que estamos convencidos de que ser de izquierda no solo implica militar en partidos fundados con las mejores intenciones pero regulados, precisamente, por el mismo andamiaje partidista-electoral diseñado para divorciar a gobernantes de gobernados y, por ello, hasta ahorita ninguno de los institutos políticos “de izquierda"  se ha salvado de convertirse en aquello que en sus inicios empezó combatiendo. Este mismo proceso de descomposición partidista no es exclusivo de México sino que se ha repetido una y otra vez en la historia y en diferentes países. Y es este el gran cambio de andamiaje politico-electoral que debemos lograr.

 

En mi opinión, lo que realmente hace extraordinario a nuestro actual primer mandatario más allá de las grandes obras como la gran refinería Olmeca, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Canal Interoceánico e incontables proyectos para el bienestar popular, es que se ha dado cuenta y lo difunde permanentemente en su “mañanera”, de que la génesis de la corrupción es, sin duda alguna, el “aspiracionismo” fomentado principalmente en el período neoliberal; la idea de que tener riqueza da respetabilidad e inspira admiración en lugar de atribuir el verdadero valor a virtudes como la solidaridad y el respeto por los demás que, ciertamente, tiene que ver con el respeto que nos debemos tener a nosotros mismos para dejar de ofendernos al considerarnos tan insignificantes que para ser valiosos, admirados y respetados es indispensable vivir rodeados de lujos innecesarios. Cuando esta mentalidad cambie, no solamente habremos erradicado la corrupción estableciendo una auténtica democracia sino alcanzado la verdadera grandeza en lo individual y lo social.

 

 

El cambio de amo no es fuente de libertad ni de bienestar. Ricardo Flores Magón

 

 

 

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