La crisis interna de Morena: raíces

Los votos de 4 legisladores morenistas a favor del endeudamiento en Querétaro no es casual

Nacional 17 de julio de 2023 PATRICIA BARBA ÁVILA

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Lo ocurrido recientemente respecto del voto emitido por cuatro legisladores de Morena a favor del endeudamiento solicitado por el gobernador de Querétaro Mauricio Kuri, es una de las varias manifestaciones de una profunda crisis ética que ha venido ocurriendo dentro del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y que tiene varias causas.

La primera de ellas tiene que ver, en mi opinión, con el andamiaje legal que rige el comportamiento de los partidos políticos y que se definió con mayor claridad a partir de la llegada a México de la política neoliberal en 1982 y que con el arribo de Salinas de Gortari a la presidencia mediante un escandaloso fraude en 1988, se implementó utilizando como herramienta de legitimación al Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) creado por el mismo Salinas en 1990. La estrategia, consensuada desde Washington, consistía en vender al pueblo de México una auténtica receta para el saqueo conocida como neoliberalismo como la gran panacea que terminaría con la pobreza y convertiría al país en una potencia de primer mundo. Lo ocurrido hasta la fecha nos dice claramente que se trató de una agenda diseñada para entregar los recursos nacionales a las poderosas trasnacionales que son las que gobiernan en los E.U. y que he dado en llamar USA Corporation.

Con la creación del IFE se generó la legislación que haría posible vender fraudes electorales disfrazados de elecciones libres y para ello, se fueron emitiendo lineamientos que mediante la asignación de pingües sumas de dinero fomentarían la corrupción dentro de institutos políticos cuya tarea fundamental es, sólo en letra muerta, la participación ciudadana en la res pública, la cosa pública. 

De acuerdo con la historia de los institutos políticos en México, hasta la fecha ninguno de ellos se ha salvado del deterioro moral en el que han incurrido, principalmente sus cúpulas justamente porque el marco legal está diseñado para tal propósito ya que el gran atractivo que significan las elevadas prerrogativas entregadas a los partidos, aunadas a los altos sueldos estipulados para los funcionarios públicos, fomentan el oportunismo y la afiliación a un partido no por apego o identificación con su ideología y lineamientos sino por la posibilidad de escalar posiciones dentro del mismo o en el servicio público. Y dado el comportamiento de las dirigencias que ha tenido Morena, es evidente que han caído en los mismos vicios que decían combatir. La admisión sin ningún tipo de filtro o requisito de cualquier oportunista que dentro de su instituto político original no encuentre oportunidad de satisfacer sus ambiciones de poder y monetarias, ha generado que Morena se haya ido transformando paulatina e inevitablemente en una copia del PRIANrredé y MC. 

En este tenor, lo ocurrido con los 4 diputados del Congreso Estatal de Querétaro es claramente un síntoma de la descomposición que se describe en el párrafo anterior. Y si bien es cierto que lo que procede es expulsar a estos legisladores por traición a los principios de este partido, la pregunta obligada es: ¿con qué autoridad moral puede una dirigencia que ha dado muestras inequívocas de una alta corrupción, determinar la expulsión de estos 4 diputados? Y es justamente en este punto donde radica la gravedad de la actual situación de descomposición de un partido que solía ser “la esperanza de México” pero que sólo se sostiene debido en gran medida a la elevada estatura y aceptación de su fundador: el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, Morena sigue ganando elecciones NO por la actuación de su dirigencia sino a pesar de ella, gracias al efecto de arrastre de AMLO; desafortunadamente, al presidente le queda poco más de un año y nos preguntamos si este partido, hoy el más grande de América Latina, podrá sostenerse en la aceptación del electorado.

En mi opinión, el exacerbado pragmatismo registrado en Morena al abrirse a todo el abanico ideológico para garantizar el triunfo en 2018 está cobrando la factura y por ello con la llegada de tránsfugas de partidos como el PRI, PAN o PRD, llegaron también todos los vicios que los millones de ciudadanos que votamos por López Obrador deseábamos desterrar de la vida política.

Estoy plenamente convencida de que la ciudadanía deberá asumir cada vez más su papel de mandante y en este sentido, analizar con seriedad y sentido crítico no sólo el comportamiento de las actuales dirigencias morenistas sino el marco constitucional legal que fue diseñado desde tiempos de Salinas para asegurarse de la degeneración de partidos políticos en meros negocios al servicio de cúpulas que han dado la espalda no sólo a su militancia sino al pueblo en general.

Un ejercicio necesario para comprender lo que ha venido ocurriendo con los partidos políticos y, por ende, con el comportamiento de los “servidores públicos” en su mayoría, incluyendo a los de Morena, es el revisar cuidadosamente dos artículos de la Constitución: el 39 y el 41, pues estipulan premisas contrapuestas ya que el primero establece la raíz de la democracia auténtica, aquella derivada del poder popular para determinar y controlar el comportamiento de sus servidores públicos, los administradores de su riqueza: “La soberanía reside esencialmente en el pueblo…el pueblo tendrá en todo momento el inalienable derecho de cambiar la forma de su gobierno”, mientras que el Art. 41 claramente dicta lo contrario: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial…”, lo cual es una auténtica aberración porque nulifica la participación popular directa en las decisiones de política pública. Peor aún, se decidió incorporar a este artículo una parte sustancial de la ley electoral con el fin de que fuese muy difícil o imposible llevar a cabo reformas constitucionales para evitar corruptelas o arbitrariedades perpetradas no sólo por las propias dirigencias partidistas, sino por los consejeros del INE o magistrados del TEPJF, tal como lo hemos podido constatar.  Y el cierre con “broche de oro” es el poder absoluto, casi autocrático de la SCJN, absolutamente divorciada del interés popular y traicionera de los principios constitucionales y de democracia auténtica. 

 

 

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