Poder Judicial: Bastión del poder oligárquico

Desde que el gobierno de la 4T presentó la iniciativa de Reforma al Poder Judicial para la cual era indispensable lograr la mayoría calificada en el Congreso, cosa que se logró en la Cámara de Diputados y está a punto de hacerse posible en la de Senadores, los poderes fácticos principalmente el Departamento de Estado de USA Corporation iniciaron una campaña en varios frentes para impedir que sea el pueblo mexicano el que elija, tal como lo hace con los otros dos poderes, a los integrantes de este gran bastión de los intereses oligárquicos trasnacionales, el Poder Judicial.

Además de continuar financiando a ong’s como Mexicanos (a favor de) la Corrupción liderada por Claudio X, el Departamento de Estado a través de la mayoría de los ministros de la Suprema de InJusticia (con excepción de dos ministras, Lenia Batres y Jazmín Esquivel) al servicio de las corporaciones ávidas de retomar el control sobre la riqueza nacional que se les había entregado durante los 36 años de desgobiernos neoliberales, han venido realizando ingentes esfuerzos para frustrar la aprobación de esta importantísima reforma por parte del Congreso. Han amenazado a trabajadores y, además, utilizado a la mediocracia dominada por los grandes traficantes de influencias para manipular a muchos de ellos convenciéndolos de que la modificación constitucional para que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular, va a perjudicarlos por lo que han organizado manifestaciones de protesta contra “una falta de respeto por la independencia (SIC) del poder judicial”, mantra sostenido por la oligarquía para lograr apoyo social a la continuidad de un poder absolutamente corrompido y dominado por el capital trasnacional.

Además de lo anterior, aberraciones como la intervención del gobierno de USA Corporation a través de su embajador quien “opinó” que tal reforma era un atentado contra la democracia y que iba a perjudicar las relaciones entre México y aquél país, se suma a la pretensión de la Suprema de InJusticia de “ordenar” al Congreso la suspensión del estudio y, en su caso, aprobación de esta trascendental iniciativa que propiciará la limpieza profunda de este poder completamente “podrido” como atinadamente lo ha expresado el propio Presidente López Obrador.

Hay que decir que no sólo en México los intereses de las corporaciones que gobiernan el vecino país y que determinan la política económica en naciones con gobiernos títere colocados en el poder justamente por la oligarquía trasnacional. El predominio ha sido de tal magnitud que incluso en países como el nuestro y otras naciones hermanas en América Latina, aunque el pueblo haya logrado elegir a buenos mandatarios y representantes populares como han sido los casos de #argentina, #brasil, #perú, etc, queda ese tercer poder “independiente” (pero del pueblo) llamado Poder Judicial cuyos integrantes, como se menciona al inicio, no son elegidos por voto popular sino designados por intermediarios de tales poderes fácticos en el Senado que es el que se encarga de aprobar a ministros a partir de una terna enviada por el primer mandatario. Huelga decir lo que ha ocurrido con dos de los tres miembros de la SCJN cuyos nombres #AMLO envió a los senadores para aprobación: Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Simplemente se sumaron al comportamiento corrompido del resto de los ministros que además de continuar violando la Constitución al atribuirse sueldos y prestaciones que superan 5 veces lo que percibe el presidente, algo prohibido por el Art. 127, se han encargado de emitir sentencias altamente perjudiciales del interés popular y hoy por hoy pretenden colocarse por encima de otro poder independiente, el Congreso de la Unión, para seguir defendiendo los intereses de la oligarquía.

Tal como la historia nos da cuenta, en Brasil el presidente Luiz Inacio Lula da Silva fue víctima de lo que conocemos como lawfare (utilización de argumentos legaloides y delitos inventados) para impedir que contendiera nuevamente por la presidencia después de que su sucesora, Dilma Rouseff fuese destituida en 2016 por el Senado brasileño en una vergonzosa charada en la que fue acusada falsamente de corrupción pues posteriormente la fiscalía informó que no había encontrado bases para tales acusaciones. Algo similar ocurrió con Lula quien en 2023 volvió a ganar la presidencia después de que se comprobara su inocencia de los cargos que le impidieron contender contra Jair Bolsonaro, quien para infortunio del pueblo brasileño, “ganó” la primera magistratura con el apoyo de la oligarquía trasnacional.

Otro lawfare para frenar políticas a favor del interés popular fue el aplicado a la Presidente Cristina Fernández de Kirschner, víctima de una infame campaña de satanización con acusaciones de corrupción difundidas ampliamente por el grupo Clarín, lider de la mediocracia corrupta en la nación Argentina para impedirle contender por la presidencia. Ya es ampliamente conocido lo ocurrido en ese hermano país en el que hoy por hoy desgobierna un auténtico testaferro del poder financiero internacional (FMI).

Lo que está por ocurrir en México, sin duda alguna, sentará un valiosísimo precedente para la consolidación del auténtico poder popular del que también dependerá el hasta hoy Poder “Perjudicial” para que lejos de servir a los poderes oligárquicos, por primera vez en nuestra historia, funcione en beneficio del pueblo.

Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Benito Juárez García