La carga fiscal sobre las espaldas de los que menos tienen

Recientemente, un diario de circulación nacional dio a conocer que la Secretaría de Hacienda llegó a devolverle impuestos por la cantidad de 115 millones de dólares (1,150 millones de pesos)* a la empresa FEMSA, productora de la Coca Cola y cuyo presidente del Consejo de Administración es José Antonio Fernández (a) “El Diablo”, uno de los hombres actualmente más ricos del país. 

Si bien el comentarista no abundó en las razones de la devolución, la noticia simplemente confirmó lo que todo estudiante de Economía mínimamente informado sabe: que en México la baja recaudación de impuestos deriva de los privilegios que gozan quienes concentran el ingreso y la riqueza, que son unas cuantas familias. 

De acuerdo a mis estudios sobre el tema, la carga impositiva de nuestro país fue por muchos años de un 11.5% del Producto Interno Bruto (PIB: total de mercancías y servicios que se producen anualmente con recursos humanos y materiales propios), cifra que en Latinoamérica es sólo superior a la de Haití, un país mucho más pequeño, pobre y atrasado que el nuestro, y muy por debajo de la prevaleciente en los países europeos, en donde la carga fiscal en países como Suecia y Dinamarca llega a alcanzar ¡el 40% del PIB!

Muy natural que con tan baja captación los gobiernos de nuestro país tuvieran que endeudarse más allá de lo conveniente para cumplir con sus responsabilidades sociales, u ordeñar a empresas como PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, que llegaron a contribuir con una tercera parte de los ingresos del Estado, aunque esto las descapitalizara y las obligara también a endeudarse para responder a sus necesidades de mantenimiento, expansión y modernización.

Para dar una idea de la injusta distribución de la carga fiscal prevaleciente por muchos años en nuestro país, el mejor referente es el Impuesto sobre la Renta (ISR), cuyo total recaudado proviene en un 11.22% de las grandes empresas, en tanto que el 88.78% restante es la contribución que hacen pequeños empresarios, arrendadores, personas físicas (perceptoras de honorarios) y los asalariados, contribuyentes cautivos sobre quienes recae ¡el 40% de la recaudación total. 

El carácter inequitativo y regresivo de nuestro sistema impositivo se aprecia mejor si consideramos que las grandes empresas y grupos financieros, que son el 2% de la población, se apropiaban del 68% de la riqueza nacional y contribuían con el 10% de los impuestos que cobraba el Estado, en tanto que el 98% de los contribuyentes, que se apropiaban del 32% de esa riqueza, contribuían con el 90% de los impuestos. Para México, lo ideal sería una carga impositiva del 24%, que se podría alcanzar –y a eso apunta el gobierno de López Obrador y en sí la 4T- incrementando la aportación de los que más tienen y combatiendo a fondo la evasión, que se calcula en un 30% del total recaudado. Como para lo primero no hubo en los gobiernos anteriores disposición alguna, la propuesta, por ejemplo, del “alto vacío” de Vicente Fox como presidente fue seguir recargándose sobre los que menos tienen, llegando al extremo de querer imponer el IVA a alimentos y medicinas, y de meter al aro del fisco a quienes se ganan la vida en la economía informal, muchos de los cuales, más que vivir, sobreviven.

Por lo anterior y ya que, más que Morena, el pueblo trabajador va a estar, de 2024 a 2030, dignamente representado en la Presidencia de la República por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, la clave del crecimiento con distribución del ingreso, que es sinónimo de desarrollo económico y de justicia social, debe mantenerse como política de Estado. Proseguir lo que con el apoyo mayoritario de ese gran pueblo que es el mexicano arrancó en 2018 con la llegada al gobierno federal de ese estadista genuino y ya, a mi juicio, héroe nacional que es Andrés Manuel López Obrador. 

*EL dólar estaba entonces a $10.00